El futuro de nuestro país presenta grandes desafíos sociales, económicos, políticos y medioambientales. La sociedad española debe hacer frente a los efectos del aumento de la desigualdad, la desinformación, la fragmentación social, el cambio climático, el auge de la extrema derecha y las transformaciones geopolíticas a nivel mundial. Estos procesos están contribuyendo a socavar algunos de los fundamentos básicos de la democracia: la cohesión social, la confianza en las instituciones políticas y científicas, la disponibilidad de información veraz, la existencia de una ciudadanía capaz de deliberar razonadamente sobre los asuntos públicos y la convivencia positiva basada en el respeto mutuo.
Ante estos enormes desafíos, una de las herramientas más eficaces para afrontarlos es disponer de un sólido sistema educativo fundamentalmente público con gran capilaridad en todo el territorio, suficientemente dotado y que promueva firmemente los valores democráticos. En este contexto, la red privada concertada ha demostrado desde su creación la incapacidad estructural para generar los resultados sociales y educativos deseables en términos de igualdad de oportunidades, cohesión social y respeto a la libertad de credo.
Por ello, resulta imprescindible apostar decididamente por la escuela pública a través de las siguientes medidas urgentes:
1 Concentrar el cierre de aulas como consecuencia de la caída demográfica en la escuela privada-concertada, avanzando hacia un sistema eminentemente público en consonancia con la mayoría de los sistemas educativos europeos.
2 Apostar por una escuela pública de calidad y proximidad, lo que supone garantizar plazas suficientes en cada barrio y zona escolar. Esta garantía debe extenderse también a la Educación Infantil, la Formación Profesional y la Universidad.
3 Velar por la igualdad en el acceso a las escuelas financiadas con fondos públicos, persiguiendo la vulneración de derechos en los procesos de matrícula. Esto supone ejercer un control exhaustivo sobre el cobro de cuotas y la selección del alumnado.
4 Facilitar la conversión de centros privados-concertados en centros privados o en centros públicos, garantizando en este proceso los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.
5 Implementar políticas de reducción de la segregación escolar coordinadas entre las administraciones locales y autonómicas.
6 Implementar políticas integrales que permitan garantizar derechos en todas las esferas del desarrollo infantil: servicios sociales, salud, alimentación, ocio y cultura.
7 Diseñar programas de inversión pública para la rehabilitación de infraestructuras y la dotación de nuevos recursos a los centros en función de sus necesidades y las de su alumnado.
8 Reforzar la inversión en la educación pública alcanzando los estándares europeos y revirtiendo la infrafinanciación histórica de la escuela española, lo que implica también priorizar la inversión en esta frente a la red privada-concertada.
9 Dotar de estabilidad al profesorado, reforzar las plantillas docentes y mejorar su formación para aumentar la capacidad inclusiva y compensadora de la escuela.
10 Disminuir las ratios de alumnos/as por docente para acabar con la masificación de las aulas y aplicar reducciones adicionales en aquellos centros con mayor complejidad.
Los sistemas escolares segregados y que cuentan con una importante presencia de escuelas privadas subvencionadas no sólo son injustos socialmente, sino que obtienen peor desempeño que aquellos sistemas educativos que son más inclusivos. Un sistema de triple red es un sistema de desigualdad de oportunidades, que fomenta los guetos educativos y las burbujas sociales, provocando el no reconocimiento del otro y la insolidaridad. Además, es un sistema que reproduce, de manera deformada, las clases sociales, fomentando poco la movilidad social, perjudicando a los que han nacido en un contexto menos favorecido. Un sistema segregado atenta también contra la democracia, al romper la experiencia democrática compartida.
