Niños, niñas y adolescentes han llegado al reconocimiento como ciudadanía plena hace apenas treinta años, pero este escenario en el que son sujetos de pleno derecho genera aún resistencias. Sin embargo, ellos y ellas son sujetos situados: tienen opiniones y las expresan, con o sin permiso. La crisis del covid-19 ha puesto de manifiesto cómo sus derechos, necesidades y opiniones han quedado, como casi siempre, al margen.
Patricia Reguero Ríos | @Des_bordes | El Salto.
El 5% de los hoteles que hay en España son solo para hombres, según los datos de 2018 de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Y esto, curiosamente, aumenta cada año. De hecho, ya hay establecimientos de todos los tamaños, desde grandes cadenas hoteleras hasta casas rurales que no admiten a mujeres.
Este párrafo es la entradilla de una noticia que puede leerse en el diario ABC, con una pequeña particularidad: que no dice nada de “hombres” sino de “adultos”. Y no prohíbe el alojamiento a “mujeres” sino a “niños”. Pero la primera versión es intolerable y la segunda no: la etiqueta “adults only” es una opción más de búsqueda en, por ejemplo, www.nomolesten.com. “Es tremendo”, dice Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia en Save the Children. “Un old people free sería una cosa totalmente terrible, pero nos hemos acostumbrado a una etiqueta como esta; creo que tiene que ver con cómo priorizamos el individualismo y el confort por encima de la comprensión de lo que es una sociedad más amplia”.
CIUDADANÍA A MEDIAS
Las personas de entre 0 y 14 años suponen el 25,4% de la población mundial, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con datos de 2018. En España, el 15% tiene entre 0 y 17 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2019. En algunos países en vías de desarrollo, la población menor de 18 años puede llegar a suponer el 50% del total. Pero, pese a ser un porcentaje significativo de la población, la infancia y la adolescencia han sido ciudadanía a medias hasta hace poco: no es hasta 1989 cuando la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene a decir que tienen derecho a tener derechos. Este documento, explica Del Moral, supone un cambio del paradigma por el cual la infancia y la adolescencia pasan de ser consideradas objetos de protección a observarse como sujetos de derechos. “Me gustaría pensar que todo el mundo acepta hoy en día esta perspectiva, pero creo que todavía hay cierta noción de que los niños y las niñas son extensiones del entorno familiar, y a veces parece como que son propiedad de la familia”, asegura.
Porque la infancia no ha sido considerada como grupo de población específico hasta los siglos XVIII o XIX. Las primeras corrientes que defienden la necesidad de dotar a la infancia de derechos, explica Del Moral, están relacionadas con la filantropía o con un abordaje higienista que se centra en proteger a los niños y las niñas de la explotación laboral, de la explotación sexual o de la mendicidad. Esto es así también en el documento que Del Moral cita como antecesor directo de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños y las niñas que promovió la fundadora de Save the Children, Eglantyne Jebb, y que quedó registrado en 1924 en esa ciudad.
Con o sin el derecho reconocido a expresarse, niños y adolescentes hablan, opinan y tienen mucho que decir. “Nosotros estamos tomando este enfoque como insignia y, de hecho, así es en el último informe que hemos publicado sobre la reconstrucción poscovid, donde teníamos claro que no se podía hacer un informe sobre el futuro sin hablar con la infancia y la adolescencia”, explica Del Moral. El informe al que se refiere se titula Infancia en reconstrucción y augura un aumento de la ya preocupante tasa de pobreza infantil. Antes de la pandemia, casi un 27% de los niños y niñas en España vivía en riesgo de pobreza y exclusión social —frente al 21,5% de la población general—, una cifra que solo supera Rumanía en la Unión Europea. Si no se actúa cuanto antes, la pobreza infantil llegará hasta el 33,3% a finales de este año en la cuarta economía de la zona euro. Estos datos, pese a ser malos, no son extraordinarios: los niños y niñas están sobrerrepresentados dentro de los colectivos en situación de pobreza en todo el mundo.
INFANCIA SITUADA
“Lo que nos cuentan niñas, niños y adolescentes cuando se les escucha es su perspectiva del mundo: las niñas y niños tienen una visión diferente sobre todos los procesos de nuestra sociedad que no pueden aportar otros agentes sociales”, explica Marta Martínez Muñoz, socióloga y coautora del estudio Infancia Confinada, apoyado por la asociación Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos, que recoge aportaciones de una encuesta a centenares de niños y niñas durante el confinamiento. Un informe que muestra cómo los niños han sido “súper solidarios” en la crisis del covid-19, pese a que se transmitió la idea de que eran súper contagiosos.
“Si les preguntas en confinamiento, construyen su lógica del confinamiento; si les preguntas en condición de maltrato, te narran esa situación; si les preguntas en situación de tránsito porque son migrantes o refugiados, lo mismo, y si les preguntas en situación de desahucio —pese a que se pensaba que los niños y niñas no se enteraban—, pues también... Lo que nos cuentan son sus experiencias, entendiendo el concepto de experiencia como un acto transformador que siempre deja huella”. Porque, como defiende Martínez, “las niñas y niños son sujetos situados, con una postura crítica en sus espacios, procesos y contextos particulares y diversos”. Esta socióloga se revuelve contra la idea extendida —y falsa, sostiene— de que las personas que tienen menos de 18 años —a quienes ella nunca se refiere con la sospechosa etiqueta de “menores” que ha servido recientemente para deshumanizar a niños y adolescentes migrantes— viven una etapa dorada en la que los problemas se diluyen. Una idea que desestima además una visión de la infancia en su contexto histórico, mostrándola como inamovible a lo largo de la historia. “Ese marco de estereotipos no nos sirve para acercarnos a otras situaciones diversas; habría que preguntárselo a las niñas y niños que salieron a manifestarse en las calles en Chile o a la infancia palestina que vive bajo la constante ocupación militar”, justifica.
Pese a que persiste esa visión, Martínez reconoce que ha habido cambios significativos, unos cambios que pueden observarse en el ámbito de la investigación y que abren la puerta a superar el conflicto generacional que, en su opinión, existe. Así, algunos importantes focos de investigación, sobre todo en América Latina, ya no se reconocen únicamente como “investigación participativa con infancia” sino que se refleja una voluntad de “coautoría y colabor”, un campo amplio aún por explorar en el contexto estatal. Pero contar con la infancia y la adolescencia es aún una experiencia en los márgenes, incluso en un asunto cuyas consecuencias han pagado de primera mano, como es el cierre de los centros educativos decretado tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Enrique Martínez Quirós es presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, una de las organizaciones federadas en Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, y denuncia que no se ha contado con ellos. “Desde luego, no a nivel individual en los centros, y por parte de la Conselleria o del Ministerio se ha trabajado bien poco”, explica este estudiante de 16 años, que desde hace tres forma parte del movimiento estudiantil.
Según Martínez Quirós, los estudiantes han quedado relegados a un segundo o tercer plano mientras que padres y profesorado se han podido reunir con más o menos periodicidad durante las semanas de confinamiento. “Nosotros hemos estado detectando problemas desde el minuto uno pero la comunicación ha sido mala o más bien nula”, lamenta.
La Convención de los Derechos del Niño consigna el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en su artículo 12 de esta manera: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. Pese que no cita el concepto “participación”, es este el artículo que se ha consagrado como el que otorga a la infancia y la adolescencia este derecho.
Panorama Infancia 3
La Convención, sin embargo, limita este derecho a “los asuntos que afecten al niño”, unos asuntos entre los que de manera evidente está la vida escolar. Pero incluso en ese ámbito queda mucho por hacer, como señala Martínez Quirós: “Si ya se olvida la participación tanto del profesorado como de las familias, la participación como estudiantes no funciona y no entendemos por qué, ya que tenemos las puertas abiertas a proponer, a trabajar y a lo que haga falta”, explica este estudiante que cree que en estos meses han hecho propuestas de lo más “tolerantes y comprensibles con la administración” que han caído en saco roto. “Se tiende a tomar poco en serio la participación juvenil o, más bien, la participación adolescente… a mí se me ha ninguneado mucho”.
El 20 de agosto de 2018, una adolescente sueca inició un movimiento que se convertiría pronto en global. Greta Thunberg decidió protestar sentándose en las afueras del Riksdag de Estocolmo, Suecia, todos los días durante la jornada escolar: así empezó Fridays for Future. Thunberg prendió una llama que se extendió rápidamente y su “How dare you?” (¿Cómo os atrevéis?) pronunciado en un discurso en septiembre de 2019 en Naciones Unidas dio la vuelta al mundo. Y con esa vuelta llegaron las críticas de tertulianos, opinadores, periodistas... adultos. “He escuchado cosas muy mezquinas sobre Greta Thunberg, pues bien: tenemos 17 años y estamos aprendiendo cómo ser activistas y también como ser personas; Greta Thunberg merece respeto”, reflexiona Manuela Martínez, activista de Fridays for Future.
Sobre cuáles son los temas que afectan a la infancia y a la adolescencia, Manuela Martínez es tajante al afirmar que, por supuesto, el cambio climático es uno de ellos. Pero no solo. “Hay muchas cosas que nos afectan y la gente se está empezando a dar cuenta de que las decisiones que se toman hoy, ya sean políticas, ambientales, educativas o económicas, van a ser nuestro mañana”, justifica, antes de recordar que las decisiones sobre prolongar la industria del carbono unos años más no van a tener consecuencias sobre las personas que las están promoviendo, sino sobre sus hijos y sus nietos.
“Las decisiones que se toman hoy ya sean ambientales, educativas o económicas van a ser nuestro mañana”, explica Manuela Martínez activista de Fridays for Future
Manuela Martínez desmonta algunos de los mitos que pesan sobre los no-adultos que se pronuncian sobre cuestiones políticas. Uno de ellos es que lo hacen influidos por sus padres. En su caso, explica, dudó varias semanas sobre si acudir o no a las sentadas de Fridays for Future: consideraba que la ecología no era para ella. Pero hace aproximadamente un año asistió a una sentada: “Estuve hablando durante horas y acabé metiéndome de lleno”, dice. El segundo mito es que implicarse es “una distracción en los estudios”, una “típica pregunta” que se hace a cualquier activista joven. “Esto es un proceso de aprendizaje y es muy triste que la gente siga teniendo esta visión paternalista”, replica Manuela Martínez.
Igual que Martínez Quirós, cree que la juventud del movimiento juega en su contra en una sociedad adultocéntrica: “La gente confunde mucho y con mucha facilidad el que puedan aconsejarnos y enseñarnos con desestimar nuestro trabajo solo por nuestra edad”. Desde su perspectiva, la corta edad de los integrantes del movimiento tiene mucho que aportar. “Es una renovación, vivimos esta situación con mucha rabia y miedo porque nuestra generación se ve directamente interpelada por los desastres climáticos que está habiendo como se está viendo con los incendios de Australia o del Amazonas; lo que más aportamos es esa rabia y miedo, y la acción automática”.
DERECHO A PARTICIPAR
El 9 de junio se aprobó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Ese mismo día, varias organizaciones de infancia destacaban algunas de las novedades que presenta este texto e insistían en una idea: la de que se trata de una ley de consenso. Porque, ¿quién no va a querer proteger a un niño? Sin embargo, la ley ha generado ya posturas contrapuestas, como ocurre con otros asuntos que conciernen a la infancia y la adolescencia, entre ellos la propia Convención de los Derechos del Niño. Y es que, si bien no hay debate sobre los derechos que se consideran tradicionales —los que tienen que ver con la protección, y donde la infancia sería receptora pasiva de una serie de medidas—, tampoco existe consenso sobre el peso que deben tener los derechos del ámbito de la participación —que incluyen el derecho a la libertad de opinión, de información, pensamiento, conciencia religión y asociación”—. A diferentes velocidades, la participación de la infancia y la adolescencia en la vida pública se ha ido concretando de maneras diversas al amparo de esta Convención, por ejemplo, en los foros de participación infantil y juvenil que existen en algunos ayuntamientos.
El Foro Infantil de Rivas se creó en 2004 y desde entonces es el espacio en el que niños y niñas de entre 6 y 12 años se encuentran para debatir sobre asuntos de su interés. El Foro —en el que participan más de un centenar de niños y niñas este curso— está en contacto con el alcalde, Pedro del Cura, y con la concejala de Infancia y Juventud, Aída Castillejo. Hace dos años, Del Cura y Castillejo se reunieron con los participantes de este foro para pedirles una evaluación de los resultados. La respuesta fue negativa: los integrantes del foro habían decidido que no presentarían resultados, dado que lo importante era el proceso.
La anécdota la cuenta Aída Castillejo y le sirve como ejemplo de cómo las lógicas adultas no siempre funcionan a la infancia. Y de que se puede aprender mucho de ella. Castillejo pone en valor que el Gobierno de Rivas organizara un encuentro con el Foro Infantil en el que niños y niñas pudieron plantear sus dudas durante el confinamiento.
Ante la objeción de que este tipo de iniciativas suelen tener más capacidad estética que incidencia real, Castillejo se rebela: “Somos una de las poblaciones más jóvenes de España y eso hace que la Concejalía de Infancia y Juventud no sea solo una concejalía simpática sino que es la que tiene más presión de tu ciudad y a las pruebas presupuestarias me remito”. Castillejo defiende que se puede, y así ha ocurrido en Rivas, trabajar un presupuesto municipal con los niños y niñas de la ciudad. Además, sostiene que “pensar que las ideas de infancia solo son tenidas en cuenta en asuntos de infancia es no creer en su capacidad de creación y de aportación de la infancia”, por lo que el Foro participa en los Consejos Sectoriales y ha estado involucrado en un Pacto por la Ciudad que trata la reconstrucción poscovid de este municipio madrileño. “El paradigma es pensar que una persona adulta no es superior a una niña, sino que a esa niña le quedan cosas que aprender y que en ese proceso aprendemos ambas”, defiende.
Mara Navarro participa en el Foro Infantil de Rivas porque allí se habla de temas que le interesan: derechos de la infancia, igualdad, medio ambiente o cómo resolver problemas de la ciudad
Mara Navarro tiene 12 años y se sumó en 1º de Primaria, con 6, al Foro Infantil del que este año se despide para pasar al Foro Juvenil. Se apuntó “porque me gustaban los temas de los que se hablaba”. Entre esos temas están “los derechos de la infancia, la igualdad de género, la salud, el medio ambiente y los problemas de Rivas y cómo podemos solucionarlos”, enumera. Ella es una de las niñas que participó en ese encuentro con el alcalde para resolver dudas sobre el coronavirus en el que, recuerda, preguntaron “si se estaban repartiendo mascarillas para poder protegernos mejor”, una muestra de esa solidaridad de la que da cuenta el estudio Infancia Confinada. Navarro va siempre que puede a los encuentros del Foro Infantil y sabe por uno de los debates que niños y niñas tienen derechos como el de tener sus necesidades cubiertas, al ocio y a jugar. Sobre si piensa que estos temas son de adultos y que podría pasar el tiempo que dedica al foro jugando, responde tajante: “No, porque nosotros también tenemos que dar nuestra opinión en los temas que nos corresponden”.
MÁS ALLÁ DE LA PARTICIPACIÓN
La socióloga Marta Martínez explica que hay dos reacciones clásicas desde el adultocentrismo cuando esa infancia “situada” expresa su visión del mundo con criterio y capacidad: la primera suele ser la sorpresa. “Como se les considera seres irracionales, no nos cabe la posibilidad de que elaboren un pensamiento coherente”. La segunda es la resistencia: “Una visión estereotipada sobre la infancia es que, al reconocerles seres con experiencia y con capacidad de tomar decisiones informadas, les venimos a robar su derecho de ser niños, porque tenemos el prejuicio de que la infancia tiene que ser una etapa que desarrolle su vida en la inocencia, en cuarentena social: en parcelas, en burbujas; pero no viven ajenos a lo que ocurre”, explica. Ella, que ha acompañado a niños y niñas en procesos de organización e incidencia, ha visto cómo quienes participan en estos procesos generan una capacidad muchísimo más crítica. “Cuando abres la puerta a esos espacios se genera un mundo de posibilidades mientras que ni les limitas ni les desproteges sino todo lo contrario, amplificas sus capacidades y oportunidades”, asegura.
Esta socióloga cree que queda mucho por andar para posibilitar una verdadera participación y es crítica con iniciativas como las de los foros municipales, que pueden ser una buena escuela de cultura democrática, pero suelen tener carácter puntual, están institucionalizadas y aún son excepcionales las ocasiones en las que tienen incidencia para mover las estructuras. Sus referencias en participación de niños, niñas y adolescentes apuntan a otro lugar: ella conoce de primera mano los movimientos de Niños y Adolescentes Trabajadores (NATS) que surgieron en Perú en los años 70, un ejemplo de cómo “las niñas y niños, cuando se organizan, pueden liderar un movimiento social, protagonizarlo, generar mecanismos para proteger sus derechos, mejorar sus condiciones... curiosamente con una naturalidad en la representación en términos de género y edad asombrosa”. Estos movimientos, apunta, no solo ilustran la capacidad organizativa de la infancia, sino que, además ,son un ejemplo de cómo logran generar una organización con un posicionamiento de valoración crítica con el trabajo infantil en condiciones de dignidad.
Heike Freire es docente, investigadora y experta en Pedagogía Verde. Su voz alertó en las semanas de confinamiento del desprecio que las medidas de seguridad suponían hacia las necesidades de la infancia. “Fue una invisibilización de la infancia como colectivo con sus necesidades y sus derechos específicos y supuso un retroceso al planteamiento tradicional de los roles adulto-niño que no respetan su existencia como seres autónomos y les subordinan completamente a sus mayores”, argumenta. Para esta pedagoga, los procesos de participación infantil, cuando no se contemplan desde una óptica de la autonomía y la libertad, se convierten en procesos huecos. En ese sentido, Freire ve un “quiebro” en la Convención entre los derechos relacionados con la protección y aquellos que tienen que ver con lo que ella llama la “autodeterminación de la infancia”: su derecho a dirigir su propia vida. “Para que pueda haber una auténtica escucha y una verdadera participación, es fundamental un esfuerzo consciente que nos permita salir de los roles socio-culturales de niño-adulto”, razona. Estos roles atribuyen al primero todas las cualidades negativas —no sabe, no tiene experiencia, no es responsable, no cuida...— y al segundo todas las positivas, de modo que subordinan a los niños y niñas y les imponen la necesidad de agradar a los adultos. “Creo que esta es una de las razones por las que algunos procesos de participación infantil a nivel colectivo son muy encorsetados; los niños y las niñas dicen cosas, pero lo hacen desde su rol; no hablan por sí mismos sino en función de lo que los adultos esperan de ellos y de esa manera no estamos realmente entrando en contacto con el pensamiento salvaje, mágico y transformador, que puede tener un niño o una niña que sabe que realmente se le está escuchando”. Para escuchar desde una óptica de participación, mantiene, es fundamental trabajar la autonomía entendida como autenticidad, como libertad para ser. Y, entonces, “suceden cosas maravillosas para todos”.
La pedagoga Heike Freire cree que el concepto de “participación” es poco ambicioso y que la Convención de 1989 falla en reconocer el derecho de la infancia a la libre audoterminación
Freire cree que el propio concepto de participación esconde una trampa al superponerse al asunto de fondo: la autodeterminación de la infancia, que no tiene que ver tanto con participar como con facilitar la autonomía necesaria para que puedan ser ellos mismos: “El ejercicio responsable de la libertad implica la capacidad de hacer elecciones y de tomar decisiones. A lo largo de la infancia esta capacidad, que existe desde el primer momento, debe ir ampliándose progresivamente y afectando a más ámbitos de la vida”. Esto es así aunque en las primeras etapas venga acompañada de figuras adultas. “Las niñas y los niños toman decisiones desde el minuto cero de su existencia y, dependiendo de su madurez y desarrollo, esa toma de decisiones puede ser participativa, grupal o individual... En ese sentido, el papel de la familia y de la escuela es acompañar el desarrollo autónomo desde el el inicio de la vida”. Sin embargo, solemos hiperprotegerlos hasta el punto que les impedimos desarrollarse y ser ellos mismos, tener su propia vida.
Un niño de 11 años utiliza una sierra para recortar un cartón y una niña de 8 juega con fuego. Son imágenes del documental The Land (2015), dirigido por Erin Davis, sobre un parque en Gales con este mismo nombre. Un parque que a los ojos adultos parecería más bien un vertedero y donde los niños no solo sierran y hacen fuego sino que, además, trepan, clavan, escalan. Y gritan, con entusiasmo: “¡Lo conseguí!”. El documental invita a reflexionar sobre hasta dónde pueden niños y niñas tomar decisiones, asumir riesgos, explorar límites. “Como madre, es duro permitirles hacer eso, pero tienes que hacerlo”, dice una mujer en la película. Otra madre hizo el siguiente experimento en 2008: Lenore Skenazy permitió a su hijo de 9 años viajar solo en el metro de Nueva York. Le dio un mapa, 20 dólares y algunas monedas por si necesitaba llamar por teléfono desde una cabina, y el niño volvió a casa sin incidentes. Lo contó en una columna y fue calificada como “la peor madre de América”. Este episodio le llevó a fundar Free Range Kids, un movimiento que promueve el desarrollo independiente de la infancia y plantea una supervisión limitada en función del grado de desarrollo.
“No suscribo la globalidad de este movimiento, pero abre reflexiones muy interesantes para impugnar el adultocentrismo”, dice Marta Martínez, que llama la atención sobre cómo “consideramos que tienen criterio para elegir cualquier producto de consumo, pero no para elegir sobre cualquier otro aspecto en sus vidas”. Tanto Martínez como Freire apuntan que detrás de esta noción hay un lógica neoliberal por la que las niñas y los niños cada vez más son una responsabilidad privada, algo que el coronavirus ha dejado al descubierto: Marta Martínez, que sostiene que la crisis del coronavirus ha supuesto “la mayor privatización de la infancia”, una privatización que se ha producido “en el momento en el que el Estado deja de asumir sus obligaciones como principal garante de los derechos y las deja en manos de las familias”.
Porque la idea de la infancia “privada” es otro hilo presente en la historia de la infancia y para nada olvidado, como deja patente la discusión sobre el pin parental, que se alinea con esa idea de que los hijos son propiedad de los padres, con lemas como “mis hijos mi decisión”. “Se privatiza la infancia cuando se la convierte en un mercado, pero sobre todo cuando desde algunos colectivos se considera que los niños deben ser intocables por el Estado… Si privatizas la infancia, el marco de derechos queda al arbitrio individual”, dice Martínez. En el mismo sentido, Freire defiende que “niños y niñas pertenecen a la sociedad, forman parte de lo común y requieren la atención y los cuidados de todas”. La clave, concluye Marta Martínez, no es “proteger a la infancia, sino proteger sus derechos”.
