En Europa (incluidos los países que no están en la Unión Europea) el 1% más rico de la población posee el 31% de la riqueza europea, y el siguiente 9% más rico, el 38% de la riqueza; es decir, el 10% más rico acaparan casi el 70% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre de la población en Europa se reparte el 1% de la riqueza. Estas cifras describen una desigualdad extrema en Europa que no tiene nada que envidiar a la de muchos países en desarrollo.
El informe “ Europa para la mayoría, no para las élites” que desde Oxfam publicamos el pasado 9 de septiembre ha tenido una repercusión considerable en los medios de comunicación españoles y europeos. Mientras la mayoría se han hecho eco de la preocupación que suponen las cifras y las tendencias en pobreza y desigualdad en el seno de la Unión Europea y en España, no han faltado quienes lo han criticado por escrito y en tertulias.
Aquí hay una cuestión de fondo que no se rebate con cifras, y es que así como algunas personas piensan que lo deseable es respetar los derechos humanos, porque ello hace a las sociedades más justas y mejores, y por tanto el Estado debe intervenir para garantizarlos, otras personas opinan que el único derecho que existe es la libertad individual y que por tanto, cuando las instituciones intervienen en la defensa de los derechos humanos, están en realidad coartando la libertad de los individuos, y eso es malo. Ante visiones tan opuestas el debate se torna una tarea estéril.
Dicho lo cual, conviene aclarar algunos puntos en relación a la medición de la pobreza y la desigualdad, así como en referencia al diagnóstico y las soluciones que ofrece Oxfam, y matizar por qué las afirmaciones que estos críticos vierten sobre el informe no son ciertas.
- La pobreza es el estado de escasez o carencia de lo necesario para vivir. Es por tanto un estado relativo al entorno en el que vive la persona afectada. Es pues un concepto relativo. Así, la línea de pobreza suele definirse en función de los ingresos referidos al coste de vida en un país concreto, reflejado en el coste de una “cesta básica” de alimentos y otros gastos. En desarrollo internacional es común utilizar la línea de pobreza definida por el Banco Mundial de 2 dólares por persona y día, pero para estudios más detallados esta medida suele adaptarse a las condiciones del país en cuestión. En la Unión Europea, se marca el umbral de la pobreza en aquellos ingresos por debajo del 60% de la mediana de ingresos del país. Ni el informe ni Oxfam Intermón afirma en ningún momento que se hable de pobreza absoluta.
- La Unión Europea –fiel todavía a sus principios de justicia y progreso- acordó en el año 2010 poner en marcha la Estrategia Europea 2020, que debería generar las condiciones para un crecimiento sostenible e inclusivo durante la década actual; y que incorpora como quinto objetivo el de reducir en 20 millones el número de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en la UE28, partiendo de los 118 millones de personas que había en esa situación en el año 2010. Se definió para ello el indicador AROPE (que en España lo recoge el Instituto Nacional de Estadística y lo reporta a Eurostat). En España, el objetivo marcado fue de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en esta situación, partiendo de los 12,03 millones que había en 2010. Desde el año 2010, el número de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (medido por AROPE) no ha cesado de aumentar ni en la UE28 (121,3 millones en 2011, 124 millones en 2012 y 122,9 millones en 2013), ni en España (12,03 millones en 2010; 12,35 millones en 2011; 12,62 millones en 2012; 12,63 millones en 2013 y 13,4 millones en 2014).
- La tasa AROPE contempla tres variables principales para definir el riesgo de pobreza y exclusión: la pobreza de ingresos (por debajo del 60% de la mediana, que en 2013 en España se situaba en los 8.114 euros anuales para una persona sin cargas); la privación material, que hace referencia a la imposibilidad de hacer frente de manera simultánea a tres de nueve servicios o bienes básicos (cuando se dan carencias simultáneas en 4 de 9 se habla de privación material severa); y la baja intensidad laboral (por debajo del 20% del potencial de trabajo). Estos indicadores no determinan categorías de pobreza, sino que todas estas situaciones describen personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, identifican las personas que han de ser el foco de las políticas de protección social, empleo e integración, si lo que se pretende es aspirar a una sociedad cohesionada.
- No es cierto que Oxfam diga que la desigualdad es negativa “per se” ni que la culpa de la pobreza sea la existencia de personas ricas. Lo que denunciamos son los obscenos niveles de desigualdad extrema, que son causa y consecuencia de una dinámica perversa por la que las personas enormemente ricas utilizan su poder para influir sobre la toma de decisiones políticas. En Europa (incluidos los países que no están en la Unión Europea) el 1% más rico de la población posee el 31% de la riqueza europea, y el siguiente 9% más rico, el 38% de la riqueza; es decir, el 10% más rico acaparan casi el 70% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre de la población en Europa se reparte el 1% de la riqueza. Estas cifras describen una desigualdad extrema en Europa que no tiene nada que envidiar a la de muchos países en desarrollo.
- En el informe apuntamos a las medidas de “austeridad” y a las políticas fiscales injustas como ejemplos de esta dinámica, donde las personas pobres salen perdiendo cuatro veces: 1º) porque no tienen el poder para influir en las decisiones políticas defendiendo sus intereses y necesidades; 2º) porque se dan enormes diferencias entre los salarios de los altos ejecutivos y los de los trabajadores (desigualdades de mercado) en un entorno laboral donde los derechos de los trabajadores se han visto mermados; 3º) porque el sistema fiscal (de impuestos) permite que justamente las personas más ricas apenas tributen, haciendo que el grueso de la carga fiscal recaiga sobre los trabajadores medios; y 4º) porque la falta de tributación de quienes más tienen (incluidas las grandes empresas) reducen enormemente la capacidad recaudatoria del Estado, limitando así la financiación disponible para las políticas públicas (educación, sanidad y protección social) que justamente deberían garantizar la igualdad de oportunidades.
No es cosa de Oxfam ni de unas cuantas ONGs. La OCDE, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional están alertando sobre los riesgos del aumento de la desigualdad extrema, la necesidad de regular la fiscalidad internacional y de revisar las políticas de austeridad adoptadas en la Unión Europea en los últimos años. Este informe del FMI lo puso blanco sobre negro: con los niveles de desigualdad actuales, aumentar los ingresos de quienes menos tienen redundará en una mejora del crecimiento, pero aumentar los ingresos de quienes más tienen, no sólo no beneficiará el crecimiento económico sino que lo frenará.
