Dicen que de mañana, viernes día 19 de julio no pasa (y que pena, por un día! Es más propio del 18 de julio). Lo llevan anunciando desde hace meses, pero parece que será en esa fecha cuando el Consejo de Ministros apruebe y eleve al Parlamento el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se han empeñado y, como disponen de la mayoría absoluta necesaria, se aprestan a reducir la política y los servicios públicos de manera significativa y a dar un tajo mortal a la democracia, disminuyendo a la mínima expresión a más de un 90% de los ayuntamientos españoles. Se trata de contentar a la mesnada neoliberal que presiona cada día para conseguirlo y atacan a los ayuntamientos -la parte más débil de la administración pública- y a la democracia municipal: la más cercana, eficaz, representativa y participativa.
Antonio Morales, alcalde de Agüimes, en SomosNadie
Se han empecinado y no les importa lo más mínimo que los municipios estén liderando el ajuste y lleguen en un porcentaje alto al superávit y que su nivel de endeudamiento siga siendo el que menos crece y el que representa un menor peso sobre el PIB: según los datos del Banco de España la deuda de los ayuntamientos se cifra en 42.795 millones de euros -la mayor parte corresponde a tres o cuatro grandes ciudades en manos del PP-, la de las comunidades en 189.000 y las de la Administración central en casi 800.000, lo que sitúa el endeudamiento de los municipios en apenas un 4% del total de la deuda pública española. Y eso que son los municipios los que menos gravan con impuestos a los ciudadanos, los que desarrollan más obra pública, los que reciben menos fondos del Estado, los que en más de un 82% sus cargos electos no perciben ningún tipo de remuneración, los que reciben una mejor valoración y reconocimiento de los ciudadanos frente a otras administraciones, los que registran un mayor porcentaje de participación a la hora de las elecciones, los que han conseguido una vertebración y cohesión social notable en estas tres décadas de democracia…
Un número elevado de ayuntamientos ya se encuentra intervenido de manera considerable: se les ha limitado el techo del gasto, aunque dispongan de recursos, aunque no tengan problemas económicos para realizar inversiones; les está vedada la contratación de nuevo personal, salvo que se utilice la vía de la externalización, y se les ha impuesto una tasa de reposición que consiste en tener vacantes diez plazas para poder convocar una; los que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores han visto intervenidas su cuentas y limitada su autonomía de gestión; los remanentes de superávit deben ser entregados a los bancos para adelantar el pago de su deuda sin que puedan utilizarse para obras o servicios…
Pero no se contentan con esto. Mientras saquean el país y chotean la marca España, que no se les cae de la boca, para rematar la jugada se disponen a aprobar la Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad que ataca directamente a la autonomía local y su autosuficiencia financiera; reduce los servicios públicos radicalmente para –lo reconocen abiertamente- “favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada”; somete directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que se tendrán que regir por unos precios estándar que fijan otras administraciones y que en la práctica los deja en manos de las diputaciones y cabildos, que no podrán prestar los servicios que ellos han estado ofreciendo hasta ahora y que, por tanto, tendrán “casualmente” que “externalizar”; se hace desaparecer a la mayoría de las mancomunidades; se impide la prestación de servicios si no están financiados al cien por cien; se introduce la figura del “castigo económico” que impone una tutela efectiva de otras administraciones sobre la gestión local…
Se abren así brechas entre los ciudadanos, pues solo podrán acceder a los servicios públicos aquellos que puedan pagárselos; se rompen los vínculos con los vecinos y se desvirtúa la participación ciudadana; se desideologiza la gestión municipal para convertirla en mera gestora de asuntos corrientes; se impiden las políticas educativas, de sanidad, empleo, igualdad, juventud y servicios sociales; se imposibilita la puesta en marcha de proyectos socioeducativos y de planes para luchar contra el absentismo y el fracaso escolar; se prohíben las campañas de prevención sobre la salud y las políticas locales de empleo y las políticas de igualdad o juveniles y se alejan o se eliminan de un plumazo los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía que pasarán a depender directamente de las autonomías.
Y lo tienen tan claro que se las trae al pairo el dictamen del Consejo de Estado, que se pronuncia claramente en contra de la propuesta -cínicamente, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha confesado que le “encantó” el informe y que estaba “muy contento”-. Según este supremo órgano consultivo del Gobierno de España o se reformula la futura Ley o se “estará atentando contra nuestra Constitución”. Para el Consejo de Estado, el coste estándar al que se somete a los servicios públicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes es una medida “tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno” y la traslación de competencias a los cabildos o diputaciones “supone un desapoderamiento ex lege de las competencias municipales” para pasarlas a manos de una administración “de representación indirecta” (caso de las diputaciones) que no es elegida por los ciudadanos.
También el Consejo de Europa apunta que esta propuesta “podría provocar una reducción de la capacidad de las autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población” y que prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría “entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local”.
Se somete a la ciudadanía a la desprotección más absoluta y se quiebra el valor de la cercanía como elemento clave para la respuesta más inmediata, la complicidad más humana y la democracia más directa. Lo escribía hace poco Enrique Gil Calvo en El País: “Si se priva a los ciudadanos de los servicios públicos de proximidad, la democracia española se volverá aún más distante y se deslegitimará todavía más”.
No me cabe la menor duda: es exactamente eso lo que pretenden. Se trata de romper los vínculos más estrechos entre los hombres y mujeres que conforman una comunidad local con sus representantes; quebrar la posibilidad de la intervención ciudadana en una democracia directa y participativa en torno a los deberes, los derechos y las demandas. Un liberal, John Stuart Mill, en el siglo XIX, afirmaba que más que en el Estado, la utilidad mayor y la eficiencia se encuentran en los municipios y en las pequeñas comunidades, verdaderas escuelas de ciudadanía y de democracia. Vicente Verdú, en “La ausencia” (La esfera de los Libros) defiende igualmente que la salida a lo que nos está sucediendo es “ir hacia comunidades más pequeñas que permitan una mayor participación ciudadana”. Es el “efecto vecindario” en aumento del que habla José Antonio Marina refiriéndose al valor del lugar donde se vive, aún a pesar del mundo globalizado, relacionado por densas, rápidas y baratas redes de comunicación. Quieren acabar con lo que expresa perfectamente Joan Subirats: “La respuesta es más capacidad de gobierno de las entidades locales y más capacidad de incorporación de los ciudadanos en los procesos de cambio. Más gobierno y más gobernanza colectiva, para unas entidades locales que se entienden claves, por su proximidad y su capacidad de gestión, en la mejora concreta y cotidiana del bienestar de individuos y grupos”.
Pero el Gobierno de Mariano Rajoy y los poderes a los que representa, no podrán nadar contra corriente. No podrán romper los vínculos de la ciudadanía con su historia, sus tradiciones, sus anhelos, sus ansias de superación y de libertad.
*Antonio Morales es alcalde de Agüimes. Este artículo fue remitido por su autor a SomosNadie para su publicación
