JARON ROWAN (FREE CULTURE FORUM) | Diagonal
Entre la ola de recortes
que se han estado llevando
a cabo en el Estado español
durante los últimos
años casi ha logrado pasar desapercibido
uno de los cambios más importantes
en la historia de las políticas
culturales contemporáneas: la
cultura ha dejado de entenderse y
gestionarse como un derecho para
pasar a considerarse un recurso.
Desde la transición democrática,
entre las funciones asignadas al
Ministerio de Cultura y las diferentes
administraciones públicas con
competencias en el ámbito cultural,
estaban la de garantizar el acceso a
la cultura por parte de la ciudadanía,
preservar el patrimonio y acervo
cultural, velar por la diversidad
cultural y promover el desarrollo
cultural y artístico de la ciudadanía.
Todo esto está cambiando paulatinamente
con la introducción progresiva
de un conjunto de políticas
destinadas a promover una visión
estrictamente económica del papel
que ha de cumplir la cultura. Bajo
el paradigma de las denominadas
industrias culturales y creativas,
comprobamos cómo acontece una
progresiva privatización de las
prácticas y el acervo cultural común.
De esta forma surge, en el
Ministerio de Cultura, la Dirección
General de Política e Industrias
Culturales.
Desde mediados de los ‘80 se han
consolidado discursos que lejos de
presentar las prácticas culturales
como elementos marginales a los
ciclos de producción económica, sitúan
la producción cultural en el
epicentro de los planes de crecimiento
económico de las ciudades
y naciones occidentales. De esta
manera, de forma creciente, desde
la Administración pública se han
fomentado planes de promoción de
industrias culturales y creativas, la
creación de incubadoras y viveros
de empresas culturales, la introducción
de planes de formación para
emprendedores, la creación de rutas
de turismo cultural, las capitalidades
culturales, etc.
De forma paralela
se han ido sustituyendo los
mecanismos tradicionales de apoyo
a las prácticas culturales, con la
introducción de créditos en lugar
de ayudas, y se han demonizado las
asociaciones, peñas y demás colectivos
que tradicionalmente habían
sido los encargados de mantener
vivas las diferentes tradiciones culturales.
Igualmente, hemos sido testigos
de la introducción e implementación
de regímenes de propiedad
intelectual más agresivos, de la
denuncia pública de los procesos
de intercambio entre pares, del acoso
a las páginas que contienen enlaces
(que no contenidos) susceptibles
de estar sujetos a derechos de
autor o de la cesión de competencias
culturales a empresas de gestión
cultural totalmente opacas.
La Llei Omnibus en Catalunya
De forma paulatina, las administraciones
públicas han ido perdiendo
su papel como las entidades que garantizan
el acceso a la cultura por
parte de la ciudadanía para ser instigadoras
de un proceso de privatización
de la cultura. Podemos leer
como un paso evidente en esta dirección
la reciente introducción de
la Llei Omnibus por parte del
Gobierno catalán. Uno de los cambios
más notables que presenta esta
ley es un cambio en la promoción
y financiación de prácticas culturales.
Artistas, músicos, payasos, escritores,
etc. ya no se consideran
susceptibles de recibir apoyo público
y en su lugar se apoya a las empresas
culturales y a su figura más
carismática: el emprendedor cultural.
Los departamentos de cultura
ya no legislan para la ciudadanía, al
contrario, su objeto de gobierno es
el empresariado cultural.
Lo más llamativo de este proceso
es que se promueve la creación
de un sector económico que nunca
ha demostrado ser viable. No
tenemos datos empíricos de que
se hayan logrado cumplir las cifras
de crecimiento o empleo que
se predijeron para este supuesto
sector. Lejos de crear empleo, hasta
el momento las industrias culturales
se han caracterizado por
crear formas de autoempleo precario,
siempre marcado por la extrema
flexibilidad, la autoexplotación
y la intermitencia económica.
Y es que todos los planes de
promoción de las industrias creativas
y culturales están basados en
estimaciones y expectativas de
crecimiento, nunca en hechos reales.
Por ello es tan importante
que desde movimientos como el
de la cultura libre se diseñen nuevos
modelos productivos e infraestructuras
de producción, distribución
y promoción de las prácticas
culturales que sean tanto
sostenibles económicamente como
capaces de generar procomún.
Es necesario trabajar en modelos
que en lugar de privatizar el acervo
cultural común sean capaces
de contribuir a fortalecerlo. La capacidad
para la creación de estas
nuevas infraestructuras definirá
nuestra capacidad o no de mantener
un procomún cultural y del conocimiento
vivo y susceptible de
ser explotado de forma colectiva.
