Secundem la vaga, tot i que ens sembla poc útil i decidida des de l'ineficaç estructura d'alliberades sindicals
Manifestació: 9 de març, 12.30h Plaça Universitat
El objetivo y la estrategia del que ahora se denomina neoliberalismo para desmantelar el sistema educativo actual, para revertir el actual modelo educativo, se basa en:
- Establecer una cobertura legislativa para conseguir sus objetivos con el eufemismo de “dotar al país de leyes para mejorar la calidad de la enseñanza”.
- Controlar los centros y la tarea educativa con “reglamentos y desarrollo” para concretar las medidas que conduzcan a la reversión del actual modelo educativo del país.
- Asfixiar el sistema público con “recortes” justificados con una supuesta crisis económica.
- Abrir el sistema educativo a nuevas formas de privatización con experiencias tipo McDonald’s.
PEP BARCELÓ a Viento Sur
La cobertura legislativa se está implementando con leyes como la LOMCE y la LEC en Cataluña, y antes con la LOE y las leyes anteriores. Estas leyes, a grandes rasgos, permiten la privatización del sistema educativo, la selección y segregación del alumnado, el control ideológico del currículo educativo y la gestión de los centros, el ranking entre centros educativos y poner la enseñanza al servicio exclusivo de la empresa y el mercado laboral.
Seguidamente viene su desarrollo. Entra en juego la reglamentación, la materialización de los objetivos de estas leyes con decretos, normativas, etc., que las concretan. Cataluña es la prueba más evidente de esta estrategia con los decretos de autonomía, de dirección, de la agencia de evaluación y el de provisión de los puestos de trabajo (plantillas).
El decreto de autonomía pretende desmontar la actual red pública con el discurso justificativo de mejorar los proyectos de los centros, el profesorado, los recursos, etc. y estimula la percepción de que en los centros gobernados por una dirección “potente” su alumnado obtiene mejores resultados. Dirección potente que se entiende como dirección gerencial por encima de los claustros, de los consejos escolares y de las estructuras horizontales de organización de los centros; dirección gerencial que promueve y/o modifica el proyecto educativo de centro, define lo estructura organizativa del centro, define los perfiles profesionales y propone puestos de trabajo, determina los criterios pedagógicos, evalúa el profesorado, sanciona las faltas leves del personal del centro, escoge el personal interino, contrata operaciones de tesorería para financiar el centro, etc.
El decreto sobre la dirección da un paso más, siguiendo la línea del de autonomía, en la concreción de lo que se debe enseñar y como lo hará el centro. También establece que el centro pueda buscar recursos económicos fuera del sistema educativo, que el/la director/a es el/la jefe de personal y, en último lugar, crea un cuerpo de directores/as (Personal directivo profesional docente).
La dirección organiza el centro; decide sobre los puestos de trabajo y sus características, y, concreta el plan anual de trabajo del centro. La dirección puede asignar responsabilidades o trabajos al personal; proponer plantillas; escoger personal por libre designación; la remoción del personal interino; incoar expedientes para la remoción del personal funcionario; seleccionar el personal interino; tiene acceso a la información personal que la Administración tiene del profesorado del centro; puede asignar una jornada especial; controlar el horario y la puntualidad; sancionar las faltas leves de todo el personal que hay al centro e incoar expediente de faltas graves del personal funcionario. Qué se debe enseñar lo dictará la dirección, porque es quien dirige y debe liderar el centro en los temas pedagógicos; formula el proyecto educativo del centro y sus modificaciones; impulsa la evaluación del centro y participa en la evaluación del personal.
El decreto de la agencia de evaluación (actualmente parado) da el último paso en la concreción de lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar y quién lo decide. Este ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, representa al Departament d’Educació en instancias estatales, internacionales, ante la ciudadanía y el Parlamento; tiene la cobertura de la administración pública, tanto económica como legislativa y jurídica, y para su gestión y finalidad puede hacer contrataciones externa de servicios y de personal. Su competencia y responsabilidad es evaluar, y hacer prospección y búsqueda para determinar qué y cómo es conveniente enseñar. En este sentido evalúa la carrera docente y la función directiva; también establece qué se debe evaluar externamente, en lo referente a los resultados del alumnado o a la actividad docente. En cualquiera tipo de evaluación pueden participar agentes externos y empresas especializadas.
La actual propuesta de decreto de provisión de los puestos de trabajo (plantillas) va a significar que la discrecionalidad entre por la puerta y la transparencia salte por la ventana. Su articulado busca el control absoluto de los centros públicos, una clasificación de puestos de trabajo para consolidar la jerarquización, la discrecionalidad que abona la arbitrariedad y es también un instrumento de reconversión arbitraria de puestos de trabajo y de recolocación del profesorado.
Los recortes que se han sufrido, y se están sufriendo, buscan adelgazar y desprestigiar la enseñanza pública para favorecer la concertada. Liquidar la enseñanza pública hasta que tenga un carácter asistencial para darla a la gestión externa privada. Sólo hay que ver los recortes hechos: recortar subvenciones, recortar el gasto de funcionamiento de los centros, recortar oposiciones, no construir nuevos centros, pérdida de puestos de trabajo, aumento de horas lectivas, reducción horaria de coordinaciones, congelación de la plantilla con aumento de alumnado, supresión de grupos de P3 y de otros niveles; aumento de grupos en centros, nuevos centros ubicados dentro de los edificios de otros centros ya existentes, menos personal de apoyo a los centros, no cobertura del personal laboral y PAS, recortar el salario, supresión de los acuerdos y pactos de derechos sindicales, no cobertura de las bajas.....
Las actuales administraciones tienen especial interés en abrir nuevas vías de intervención del mundo económico en el sistema educativo con diversas experiencias y ensayos como el que aparecía en la prensa escrita el 30 de enero de 2008 (El Periódico: “McDonald’s otorgará títulos de bachillerato en el Reino Unido”). Estas experimentaciones se están llevando a cabo desde los EE UU a la India, pasando por Europa, de acuerdo con las posibilidades que ofrece, o son posibles, en cada lugar. La LOMCE es un indicador de esta intencionalidad cuando en artículo único 2 (primera versión) dice que “Empresas y fundaciones son también el Sistema Educativo Español”. También es un indicador la relación que ha establecido la consejera Rigau con la fundación de Botín y La Caixa (Programa Escuela para El éxito, “Empieza por educar”).
Conocer esta realidad sólo nos ha de impeler a dar una respuesta como ciudadanía, no podemos estar impasibles como súbditos porque perdemos nuestro presente y el futuro de nuestras hijas y hijos.
El profesorado de Cataluña intenta dar respuesta. Los sindicatos más comprometidos desde el año 2008 han intentado que el colectivo docente conozca esta realidad, sepa lo que pasa, tomé conciencia y se movilice para manifestar su rechazo y su oposición al desmantelamiento del sistema educativo actual. Las huelgas, manifestaciones, concentraciones, cadenas, encierros, etc. de estos años lo manifiestan y se ha logrado que la ciudadanía sepa lo que pasa, tome conciencia y también se movilice en contra. Hoy el posicionamiento del MUCE, que recoge a toda la comunidad educativa, las diversas plataformas que se han creado para la defensa de la enseñanza pública (asambleas, mareas, etc.) y la incorporación de las Ampa en la lucha son el brazo resistente contra este neoliberalismo que pretende sacar, anular, borrar, uno de los derechos sociales básicos: la enseñanza pública de calidad para todos.
Pero no solo en Cataluña, ahora se hace patente que en todo el estado español las movilizaciones, las luchas, y el sentido de éstas, hace tiempo que existen, aunque algunos medios de comunicación las hagan invisibles. El próximo 9 de mayo la huelga general en la enseñanza de todo el estado es el aviso de salida de una sociedad que no renuncia a defender sus derechos, aunque nos quieran engañar con falsas crisis económicas o con lecturas interesadas de estadísticas sobre el nivel académico del alumnado.
La huelga debe ser masiva, padres y madres, profesorado, movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, todos estamos convocados, es nuestro momento para decir que queremos la enseñanza pública de calidad que merece la población y que es posible tener.
1/05/2013
Pep Barceló es afiliado a USTEC-STEs (IAC)
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