Como el neoliberalismo trata de convertir la educación en objeto de compra-venta

La comunidad educativa está en pie de guerra, y no es para menos. Pero no es solo una cuestión laboral, es el reflejo del conflicto entre dos modelos de sociedad y de sistema económico y social.
@OstebiX en Kaosenlared
 
  La comunidad educativa madrileña, entre otras, se encuentra en pie de guerra contra la política de recortes emprendida por el gobierno territorial, y no es para menos. Sabemos que la crisis existe, pero más allá de este hecho, también sabemos que en este caso, como en otros (sanidad, servicios sociales, moderación salarial...) la crisis no es para las administraciones un elemento coyuntural a combatir, sino una gran excusa para profundizar en su proyecto neoliberal.

En el caso concreto de la Educación, los recortes obedecen a una política de acoso y derribo contra la escuela pública, con el objetivo de reducirla a la mínima expresión y favorecer, a su vez, las modalidades de escuela privada y concertada: mientras se reduce la inversión pública en 80 millones de euros, se aumenta en 90 la inversión dedicada a fomentar la matrícula en la privada, mediante desgravaciones fiscales a quienes elijan esta opción, ayudas directas por medio de subvenciones a colegios, cesión gratuita de suelo público para crear escuelas de gestión privada (en su mayoría vinculadas a la escuela católica)... además de emprender privatizaciones directas dando rienda suelta a la integración de diferentes empresas privadas en la escuela pública por medio de subcontratas a empresas que no tienen nada que ver con la educación, primando su plan de negocio sobre el proyecto educativo, o fundaciones con intereses ideológicos muy alejados de los principios de igualdad y calidad que rigen nuestro sistema educativo.
¿Pero... por que?
Desde la época moderna la educación se había venido entendiendo como un servicio público fundamental del que se preocupaba, prioritariamente, el Estado del Bienestar. Y lo hacía porque se asumía que cumplía una función distributiva de la riqueza: posibilidad de acceso a una educación de calidad independientemente del poder adquisitivo o estatus de la familia. Sin embargo, hacia finales del siglo pasado fue ganando fuerza el discurso economicista frente a las prerrogativas del Estado, alentado en los supuestos ideológicos del creciente neoliberalismo, cuya máxima espiración es reducir el Estado a su mínima expresión por la vía de la desregulación de sectores básicos de la vida social, pasando estos a ser gestionados por el sector privado y, por supuesto, en base a la máxima de este: el afán de lucro.
Una política tan agresiva contra el propio Estado, como la practicada durante los últimos tiempos, ha de repercutir de forma directa sobre la educación y las condiciones de esta.

Las reformas en los 90 y hasta la actualidad, dan respuesta a las demandas emanadas de los poderes que niegan al estado. Poderes que, en la medida que el Estado va cediendo espacio en la gestión a su favor, logran imponer su lógica en las prácticas educativas y de la enseñanza, cuyo control escapa de las instancias públicas para recaer en las dispuestas por el mercado.
También se ha de atribuir a esta desvinculación de los Estados de sus respectivos sistemas escolares, a que la impuesta y tan laureada movilidad territorial de los profesionales, exija aplicar criterios de homogeneización de titulaciones académicas, debiendo renunciar a determinadas competencias en favor de organismos internacionales, mucho más alejados aún de las personas a las que supuestamente sirven, y donde los mercados son todavía más influyentes, facilitándoles la imposición de sus exigencias a mayor celeridad y en mayor profundidad.

Se observa así, una creciente tendencia a desagregar facetas educativas de la esfera pública para pasar a ser ofertadas desde el sector privado que, lógicamente, pasará a regirse por criterios del gran capital.

Es decir, que desde los parámetros de gestión de las actuales instituciones, los parámetros del neoliberalismo, al quedar la educación “liberada” del Estado, pasando a ser gestionada por el sector empresarial y las leyes de mercado (oferta/demanda, reducción de coste/aumento de beneficios, primacía del afán de lucro...), la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, pasa de ser un derecho, pilar fundamental del Estado del Bienestar y distribuidor de la riqueza, a ser simple y llanamente un elemento de negocio más para las grandes corporaciones.

Por lo que afecta a nuestros propósitos, de esta dinámica emana una de las consecuencias más evidentes que ya se está produciendo: la dualización del sistema educativo. De modo que mientras las clases acomodadas dispondrán de una red privada pero subvencionada (eso que se llama “la concertada”) con medios y de calidad, la red pública queda relegada para las clases sociales con menos recursos, inmigrantes y personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Y en medio, un amplio colectivo, la clase media, a la que se le plantea la disyuntiva de elegir entre el colegio de pago pero de supuesta mayor calidad, y la pública, gratuita, pero con los citados inconvenientes a los que sumar los múltiples e irracionales prejuicios colectivos respecto a estos.

Así, con independencia del rigor en la gestión, lo cierto es que de partida hay centros bastante mejor equipados que otros, dándose la circunstancia que, en general, los mejor dotados son los privados. Circunstancia que no solo da pie a los agravios comparativos, sino que, además, fomenta las desigualdades, y desde luego, rompe con la función equilibradora de oportunidades que siempre se le habían atribuido a la escuela.

Así pues, el conflicto educativo que vivimos no es solo una cuestión laboral, es el reflejo del conflicto entre dos modelos de sociedad y de sistema económico y social. Si apostamos por unos servicios públicos de calidad, igualitarios, justos, por una educación democrática alejada de intereses ideológicos, de una gestión que prime los derechos de la gran mayoría, la más necesitada, frente a los privilegios de una minoría, la élite económica... solo nos queda una opción: tomar la calle!
@OstebiX
 

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