La comunidad educativa está en pie de guerra, y no es para menos. Pero no es solo una cuestión laboral, es el reflejo del conflicto entre dos modelos de sociedad y de sistema económico y social.
@OstebiX en Kaosenlared
La comunidad educativa madrileña, entre otras, se
encuentra en pie de guerra contra la política de recortes emprendida por
el gobierno territorial, y no es para menos. Sabemos que la crisis
existe, pero más allá de este hecho, también sabemos que en este caso,
como en otros (sanidad, servicios sociales, moderación salarial...) la
crisis no es para las administraciones un elemento coyuntural a
combatir, sino una gran excusa para profundizar en su proyecto
neoliberal.
En el caso concreto de la Educación,
los recortes obedecen a una política de acoso y derribo contra la
escuela pública, con el objetivo de reducirla a la mínima expresión y
favorecer, a su vez, las modalidades de escuela privada y concertada:
mientras se reduce la inversión pública en 80 millones de euros, se
aumenta en 90 la inversión dedicada a fomentar la matrícula en la
privada, mediante desgravaciones fiscales a quienes elijan esta opción,
ayudas directas por medio de subvenciones a colegios, cesión gratuita de
suelo público para crear escuelas de gestión privada (en su mayoría
vinculadas a la escuela católica)... además de emprender privatizaciones
directas dando rienda suelta a la integración de diferentes empresas
privadas en la escuela pública por medio de subcontratas a empresas que
no tienen nada que ver con la educación, primando su plan de negocio
sobre el proyecto educativo, o fundaciones con intereses ideológicos muy
alejados de los principios de igualdad y calidad que rigen nuestro
sistema educativo.
¿Pero... por que?
Desde
la época moderna la educación se había venido entendiendo como un
servicio público fundamental del que se preocupaba, prioritariamente, el
Estado del Bienestar. Y lo hacía porque se asumía que cumplía una
función distributiva de la riqueza: posibilidad de acceso a una
educación de calidad independientemente del poder adquisitivo o estatus
de la familia. Sin embargo, hacia finales del siglo pasado fue ganando
fuerza el discurso economicista frente a las prerrogativas del Estado,
alentado en los supuestos ideológicos del creciente neoliberalismo, cuya
máxima espiración es reducir el Estado a su mínima expresión por la vía
de la desregulación de sectores básicos de la vida social, pasando
estos a ser gestionados por el sector privado y, por supuesto, en base a
la máxima de este: el afán de lucro.
Una política
tan agresiva contra el propio Estado, como la practicada durante los
últimos tiempos, ha de repercutir de forma directa sobre la educación y
las condiciones de esta.
Las reformas en los 90 y
hasta la actualidad, dan respuesta a las demandas emanadas de los
poderes que niegan al estado. Poderes que, en la medida que el Estado va
cediendo espacio en la gestión a su favor, logran imponer su lógica en
las prácticas educativas y de la enseñanza, cuyo control escapa de las
instancias públicas para recaer en las dispuestas por el mercado.
También
se ha de atribuir a esta desvinculación de los Estados de sus
respectivos sistemas escolares, a que la impuesta y tan laureada
movilidad territorial de los profesionales, exija aplicar criterios de
homogeneización de titulaciones académicas, debiendo renunciar a
determinadas competencias en favor de organismos internacionales, mucho
más alejados aún de las personas a las que supuestamente sirven, y donde
los mercados son todavía más influyentes, facilitándoles la imposición
de sus exigencias a mayor celeridad y en mayor profundidad.
Se
observa así, una creciente tendencia a desagregar facetas educativas de
la esfera pública para pasar a ser ofertadas desde el sector privado
que, lógicamente, pasará a regirse por criterios del gran capital.
Es
decir, que desde los parámetros de gestión de las actuales
instituciones, los parámetros del neoliberalismo, al quedar la educación
“liberada” del Estado, pasando a ser gestionada por el sector
empresarial y las leyes de mercado (oferta/demanda, reducción de
coste/aumento de beneficios, primacía del afán de lucro...), la
educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, pasa de ser un derecho,
pilar fundamental del Estado del Bienestar y distribuidor de la riqueza,
a ser simple y llanamente un elemento de negocio más para las grandes
corporaciones.
Por lo que afecta a nuestros
propósitos, de esta dinámica emana una de las consecuencias más
evidentes que ya se está produciendo: la dualización del sistema
educativo. De modo que mientras las clases acomodadas dispondrán de una
red privada pero subvencionada (eso que se llama “la concertada”) con
medios y de calidad, la red pública queda relegada para las clases
sociales con menos recursos, inmigrantes y personas en situación de
exclusión social o en riesgo de padecerla. Y en medio, un amplio
colectivo, la clase media, a la que se le plantea la disyuntiva de
elegir entre el colegio de pago pero de supuesta mayor calidad, y la
pública, gratuita, pero con los citados inconvenientes a los que sumar
los múltiples e irracionales prejuicios colectivos respecto a estos.
Así,
con independencia del rigor en la gestión, lo cierto es que de partida
hay centros bastante mejor equipados que otros, dándose la circunstancia
que, en general, los mejor dotados son los privados. Circunstancia que
no solo da pie a los agravios comparativos, sino que, además, fomenta
las desigualdades, y desde luego, rompe con la función equilibradora de
oportunidades que siempre se le habían atribuido a la escuela.
Así
pues, el conflicto educativo que vivimos no es solo una cuestión
laboral, es el reflejo del conflicto entre dos modelos de sociedad y de
sistema económico y social. Si apostamos por unos servicios públicos de
calidad, igualitarios, justos, por una educación democrática alejada de
intereses ideológicos, de una gestión que prime los derechos de la gran
mayoría, la más necesitada, frente a los privilegios de una minoría, la
élite económica... solo nos queda una opción: tomar la calle!
@OstebiX
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