“Convirtamos la ocupación en un movimiento civil en defensa del derecho a la vivienda”

Periodismo Humano
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lanza una campaña para la ocupación de las viviendas vacías por desahucios.

"Están pagando los desahucios con nuestros impuestos para echar personas a la calle para que los bancos se queden con viviendas vacías", sentencia Rafael Mayoral, abogado de la PAH.


José Coy, cofundador de la PAH en Murcia, anuncia un otoño caliente. "Tenemos que ir a por ellos porque ellos van a seguir yendo contra nosotros".

José Coy es un nombre conocido y respetado en círculos de activismo que, hasta ahora, habían permanecido para muchas personas en mundos paralelos. Lo conocen bien algunos de los sindicalistas veteranos de los astilleros y minería asturianos desde la década de los 80, cuando él, junto a otros sindicalistas, viajó desde Murcia a Asturias para llevar comida y apoyo a los familiares de los trabajadores en huelga de hambre; lo recuerdan los que estuvieron en Murcia en el 2001, cuando 400 inmigrantes centroamericanos se encerraron en parroquias ante la reforma de la Ley de Extranjería del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que abrió la puerta a lo que hasta entonces era impensable y que hoy resulta una realidad cotidiana: la deportación de los inmigrantes indocumentados. Cientos de trabajadores se encerraron por el miedo a ser deportados tras años trabajando como mulas en el campo murciano, sin ningún tipo de ingreso porque también se empezó a perseguir el empleo de personas sin papeles, mientras se les acababan los últimos paquetes de arroz y alubias. Los que vivieron esta crisis humanitaria relatan el incansable trabajo de José Coy, convertido en portavoz de la Plataforma de Inmigrantes de Molina de Segura, acompañándoles en el encierro, hablando con los medios de comunicación, coordinando la recogida de comida, mientras seguía viajando por los pueblos murcianos vendiendo ropa. Frente a esta lucha, el gobierno de Aznar y su política de extranjería, que muchos defensores de derechos humanos definieron como “la caza del inmigrante”. Por ella, cientos de inmigrantes pasaron hambre en España, una lucha que Coy recuerda ahora como “la rebelión de las lágrimas, porque hay luchas que no son hostias sino llantos“.

Y ahora, una década después, Coy es uno de los fundadores de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Murcia, y no porque su trabajo ni vocación sea crear organizaciones, sino porque este “sindicalista sin sindicato”, como él se define, además de un ciudadano activo durante toda su vida es una víctima más de las deslocalizaciones, de la crisis financiera mundial y del rol que han jugados los bancos en España estos años, como él mismo explicó en una charla en la carpa que el 15-M de Gijón tuvo en el festival cultural Semana Negra, que se celebró a finales de julio.

José Coy ha trabajado en los sectores más representativos del levante español: en el campo, en las conserveras y finalmente en el sector textil, hasta que se acabó el trabajo. “Yo no hablo de la crisis porque haya oído hablar de ella, sino porque estoy en crisis, dentro de todas las estadísticas: mayor de 45 años, sin prestaciones, sin derecho siquiera a pasar por el filtro de una entrevista de trabajo… He vivido lo que realmente es la globalización, que la industria se vaya a China porque allí los trabajadores no tienen derechos, ni hay que pagarles dignamente… Así que lo primero que haces cuando te quedas parado es coger las depresiones respectivas, vas a la administración y todo lo que te ofrece es una pastillita”. Así comienza José Coy su intervención en la carpa del 15-M, a bocajarro.

En frente unas treinta personas, la mayoría integrantes del movimiento 15-M de Gijón, expectantes, entregados ante una experiencia que ellos, como colectivo, acaban de vivir por primera vez. El primer desahucio parado en Asturias con apenas 40 personas ocupando el portal del edificio, como contamos en periodismohumano. Cuando un policía comunicó al hipotecado la prórroga del desahucio, los participantes se abrazaron, conmovidos ante un triunfo que llenaba de contenido político palpable muchas noches y días de acampada. Ahora tienen ante ellos a las personas que les dieron las claves sobre cómo actuar, los que tienen más experiencia en lo que se ha convertido en una de las señas más reconocibles del 15-M, desde que el 15 de junio cientos de personas se concentraran en Madrid para evitar que Anuan y su familia perdieran su casa, y que ha dado a la Plataforma de Afectados por la Hipotecas un empuje impensable sin la aparición de este movimiento o, como lo define Coy, “un regalo caído del cielo”.

Campaña Stop desahuciosAl lado de Coy, Rafael Mayorga, abogado de la PAH, con el que ha viajado en coche hasta Asturias, como llevan haciendo desde hace semanas a distintos lugares de España para compartir sus conocimientos, sufragando los gastos con la venta de papeletas de un sorteo de productos ecológicos murcianos. Mayorga, quien empezó su andadura social en el ámbito de la inmigración, atrapa la atención de la audiencia, cada vez más numerosa, con su discurso contundente y clarificador del proceso por el que 204.000 familias han sufrido el desahucio de sus viviendas desde enero de 2008 hasta junio de 2011. “Los bandos han estado dando un precio absolutamente artificial a las viviendas para condenar a la población trabajadora a hipotecas impagables, a sabiendas de que muchas de ellas no se iban a poder pagar. Desde el principio ha habido planes sistemáticos de saqueo basados en la compra-venta de casas que siempre tenían aparejados contratos de préstamos hipotecarios, que eran empaquetados y titularizados en el mercado internacional. Y por eso era fundamental que las viviendas siguieran encareciéndose. Una condena a una deuda perpetua mediante un procedimiento enrevesado de ejecución hipotecaria que la inmensa mayoría desconocía. Nadie que asuma un contrato de préstamo hipoteario por el que tasan tu vivienda en 240.000 euros, para cuya compra te dejan 180.000 euros, va a pensar jamás que si le quitan su vivienda se va a quedar con una deuda”. Y va haciendo números, en un discurrir claustrofóbico, pero sencillo, condenatorio. “En el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo tienes dos opciones: pagas o pagas. Y además de las cuotas adeudadas te van a requerir los intereses, que son una barbaridad, y a veces, incluso las costas judiciales. Impagable. Cuando lo subastan, como normalmente nadie puja por ellos, suele quedárselo el banco por el 60% del valor tasado. Entonces, si tu vivienda había sido valorada en 240.000, nos encontramos que sigues debiéndole más de 100.000 euros”.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas tiene cuatro propuestas fundamentales: la regulación de la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda suponga la condonación de la deuda contraída con el banco; la moratoria del pago de las cuotas mientras no se tengan ingresos o no se alcance el salario mínimo interprofesional, y que después no se cobren intereses; la sustitución cuando la sociedad civil para un desahucio está impidiendo una vulneración de los derechos humanos de la cuota hipotecaria por un alquiler a un precio asequible en la propia vivienda; y la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. La dación en pago, un término prácticamente desconocido hasta la irrupción en los medios de comunicación de los desahucios paralizados por la Plataforma, ha llegado a ser debatida en el Congreso, pero los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, votaron en contra. A pesar de ello, el debate ya está instalado en la sociedad, uno de los triunfo más significativos de la PAH y el 15M.

“Los bancos eligieron como objetivo los recursos de la población vulnerable, permitieron auténticas estafas, como personas sin recursos que se avalaban mutuamente, y siguen en la más absoluta impunidad. Y después viene el desahucio, por el que un juez ordena a la fuerza pública el desalojo forzoso de población vulnerable, que en muchísimas ocasiones no tiene otro lugar donde vivir, lo que incumple tratados internacionales firmados por España. Así que cuando la sociedad civil para un desahucio está impidiendo una vulneración de los derechos humanos, lo que es un deber frente a la violencia sistemática de los bancos con la complicidad de la Administración Publica. Algún día tendrán que pagar por ello”.

Coy fuma a su lado, casi encendiendo un cigarrillo con el anterior. Es la historia de cientos de miles de personas en este país, es también su historia. Y arranca: “Si no se puede pagar las cuotas es porque no hay trabajo. Yo no quiero la dación en pago por mi casa. Yo solicité que mientras no tuviera trabajo no se subastase. Como no me contestaron, me puse en huelga de hambre, y al cuarto día, representantes del banco vinieron a la iglesia donde estaba encerrado. De momento la subasta está aplazada”. Pero Coy acaba de participar en el intento de paralización de un desahucio en Coronil, Sevilla, donde los antidisturbios consiguieron desalojar a la familia. “Los vecinos del barrio han advertido que esa casa no la va a comprar nadie. Estamos pensando en crear señales que estigmaticen estas viviendas, para disuadir a posibles compradores”. Y advierte sobre el sur de España: “Hay 400.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, trabajando a destajo por 15 o 20 euros, sin relación con la empresa porque son empleados por empresas de trabajo temporal… En Lorca, hay gente pagando hipotecas de casas destruidas por el terremoto. El sur va a reventar”.

En Murcia, donde empezaron tres y ya son más de 300 familias las que integran la PAH, llevan una treintena de desahucios impedidos por la plataforma. Pero tras las últimas intervenciones de las fuerzas públicas en los intentos de desalojo, y las multas impuestas a manifestantes valencianos por reunirse más de 20 personas ante la puerta de un banco, la PAH sospecha que a partir de otoño se va a emplear la violencia necesaria hasta ejecutar los desahucios con éxito. Por ello, la PAH ya ha lanzado una campaña de reocupación de viviendas vacías por ejecuciones hipotecarias. Mayargo explicaba ya en julio la dimensión legal de esta propuesta. “La cuestión es que ya hay familias a las que no les ha quedado otro remedio que meterse en una vivienda para vivir, pero hasta ahora no ha tenido apoyo social ni un sentido colectivo. La cuestión es convertir la ocupación en un movimiento de la población civil para la defensa del derecho a la vivienda, en una vía para su despenalización por el estado de necesidad. Es como el hurto famélico, a nadie se le puede penar por robar un par de salchicas para sobrevivir”.

La PAH tiene la consistencia propia de un movimiento que ha ido madurando durante los años de esta crisis que se aceptó tarde y de la que supuestamente llevamos meses saliendo. Empezó en 2009 de la mano de Coy como un movimiento de parados, “pero fue muy complicado porque la gente lo que quería era trabajo y nosotros no teníamos cómo dárselo. Conseguimos influir en la gestión del Plan E, proponiendo a los más necesitados para que fueran los contratados prioritariamente. Pero empezaron a surgir líderes y, como siempre, los políticos los compraron“. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que muchos de ellos, además de la falta del trabajo, estaban siendo acorralados por las hipotecas. Cuando fueron a denunciar el primer caso de una pareja que se enfrentaba a un desahucio ejecutado por la Caja del Mediterráneo (CAM), se encontraron con que los periodistas les decían que no podían sacar la historia porque esa entidad invertía mucho dinero en publicidad en su medio. “Ahí nos dimos cuenta de que estábamos tocando poder”. Y ahí empezó una batalla su batalla contra los bancos –como subrayan, y no contra los propietarios privados–. Desde la legalidad y la no-violencia.

“La imagen de los antidisturbios echando a las familias a la calle no es una imagen cómoda para los jueces ni los políticos, porque ha visibilizado la violencia que supone echar a una familia para dejar una vivienda vacía. Pero si no somos capaces de extender el movimiento, nos van a reprimir, nos van a multar y nos van a aplatar. Por eso en Murcia hemos conseguido que cada barrio tenga su propio piquete ciudadano, de unas cincuenta personas. La ocupación tiene que servir para meter el dedo en el ojo al banco, como elemento de denuncia pública, pero también como medida de supervivencia porque hay gente que tiene que elegir entre pagar el alquiler y comer“, explica Coy.

“La Constitución dice que la propiedad tiene que cumplir su función social y las viviendas son para que la gente viva, no para que los bancos especulen. Si la ocupación se convierte en un movimiento de millones, no podrán impedirlas”, apostilla Mayoral. “Los desahucios se están pagando con el dinero de nuestros impuesto. Mientras, no hemos visto ninguna detención de ningún consejo de administración ni ningún procedimiento judicial contra los principales responsables de la crisis. Y hay que recordar que cuando los bancos no eran capaces de vender los títulos de las hipotecas, fue el Estado español el que los compró. Y buena parte de la deuda que está amenazando a los centros de enseñanza y de salud, se corresponde con este gastoy, por tanto, es absolutamente ilegítima por lo que tenemos derecho a pedir que no se pague. Para empezar, ni un céntimo público a entidades que no respeten los derechos humanos”.

Coy, desde su experiencia en la PAH, pero también como desempleado, tiene claro que hay que crear un nuevo modelo donde “haya justicia social, porque lo de la igualdad de oportunidades es mentira. Estamos investigando proyectos de Economía Social, comunidades autofinanciadas, cooperativas, bonos solidarios… porque como parados, si llamamos a los bancos, no nos van a prestar nada”.
Y las manos se van alzando, muchos para ofrecerse voluntarios, otros para saber su opinión sobre la respuesta pacífica a las agresiones policiales, sobre el papel que han jugado los sindicatos, el acceso al alquiler… Cuestiones a las que Coy y Mayoral van contestando y que se pueden escuchar en el audio de su charla que encontraréis al final del texto. Preocupaciones políticas, pero también historias personales, que en ningún momento se desligan del todo, dramáticas, y que se van sumando al murmullo de las acciones y manifestaciones convocadas para el otoño: 25 de septiembre en toda España, convocada por la PAH por el derecho a la vivienda, 15 de octubre manifestaciones en todo el mundo convocadas por Democracia Real Ya…

Y, libreta en mano, muchos de los asistentes van apuntando fechas con la certeza de que la mayoría de los asistentes volverán a encontrarse en plazas y marchas. Muchos con el mismo gris pronóstico de Coy a las espaldas. “No se puede aguantar que Botín tenga un proceso judicial por el dinero escondido en Suiza, o que el IBEX 35 esté ganando pasta por un tubo… Tenemos que ir a por ellos porque si no ellos van a seguir yendo contra nosotros. De hecho, yo creo que los disturbios que hemos visto en Grecia van a llegar aquí. El problema es que yo tengo experiencia de escenarios de choque muy violentos y luego la gente vota a los verdugos. Como el informe que ha sacado la FAES, que prevee una guerra social por la cantidad de huelgas que se van a dar en el 2012. Pero al corazón y la cabeza de la gente se llega poniendo la espalda. Yo creo que la primera vez que los antidisturbio cargaron en la Plaza de Catalunya lo hicieron de esa forma tan salvaje porque querían que la respuesta fuera quemar coches. Pero la gente levantó las manos y las plazas volvieron a llenarse cuando empezaban a vaciarse. Tenemos que trabajar con cabeza. Ahora bien, yo sé de una persona que era muy pacífico, hasta que le reventaron a palos. Yo, de momento voto, porque me arrastren y me golpeen, más adelante no lo sé”.

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