República: el contrato educativo

LUIS GARCÍA MONTERO
El abrazo entre la cultura y la sociedad es en el pensamiento republicano una consecuencia del contrato pedagógico. La Ilustración elevó la metáfora del contrato social para defender una convivencia organizada por los ciudadanos, dueños de sus destinos y emancipados de cualquier concepción sacralizada del poder. La metáfora del contrato social exigió la puesta en marcha de un contrato pedagógico. Sólo los individuos educados como ciudadanos libres, capaces de hacer uso público de su razón, podían firmar un contrato social justo. El progreso científico y técnico debía ser, además, inseparable del progreso ético. Pese a los buenos intentos de Jovellanos, condensados en su Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, la Ilustración insuficiente española naufragó en una educación minoritaria, cortesana y clerical.

Desde entonces las ilusiones de la reforma pedagógica fueron el corazón del pensamiento progresista español. Lo tuvo muy claro Francisco Giner de los Ríos. Después del fracaso de la Primera República, junto a un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad, fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Se trataba de educar a las élites juveniles capaces de modernizar el país. La austeridad y el rigor profesional comportaban también un sentido político. Es famosa la respuesta de Giner cuando el rey Alfonso XIII quiso visitar la ILE: “La Institución tiene dos puertas, y cuando su majestad nos haga el honor de llamar a una de ellas, yo saldré por la otra”. Como era lógico, en el propio corazón del institucionismo surgió la necesidad democratizadora de considerar la educación como un derecho universal. Empezó entonces a defenderse la idea de una escuela única.
La República apostaba por una enseñanza laica y pública
El joven Ortega y Gasset de 1910, en su conferencia La pedagogía social como programa político, se preocupaba porque las organizaciones obreras no habían comprendido la importancia que tenía para sus reivindicaciones una escuela única, es decir, pública, obligatoria, igual para todos, neutra, al margen de los credos o de las posibilidades económicas de los alumnos. Así se tituló el libro publicado en 1931 por Lorenzo Luzuriaga: La escuela única. Discípulo de Manuel Bartolomé Cossío y de Ortega, fundador de la Revista de Pedagogía y redactor de muchos de los documentos sobre educación del PSOE, Luzuriaga fue el pedagogo más significativo de la Segunda República. Como había ocurrido con Julián Besteiro y con Fernando de los Ríos, la tradición institucionista se acercó también en la enseñanza al movimiento obrero.
No es extraño que Manuel Azaña se convirtiese en un político imprescindible para la Segunda República gracias a un debate parlamentario relacionado con la pedagogía. En su discurso del 13 de octubre de 1931 sobre la cuestión religiosa, logró un punto de acuerdo entre la derecha republicana, los socialistas y los radical/socialistas. Se paralizaba la disolución de las órdenes religiosas a cambio de mantenerlas apartadas de una educación laica y democrática. La disolución de la Compañía de Jesús no se debía a su carácter religioso, sino a su no reconocimiento de las leyes españolas, ya que se sometía a la autoridad del Vaticano. La postura más firme del discurso de Azaña tuvo que ver con la política educativa: “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”.
Educar no es lo mismo que generar creyentes, consumidores, patriotas o empleados precarios
No se refería Azaña a la colaboración de la Iglesia en un posible golpe de Estado, asunto que aún carecía del protagonismo político alcanzado posteriormente. Se limitaba a señalar, en un discurso que quería ser equilibrado para permitir el acuerdo de todos los republicanos, que una democracia es imposible sin una educación democrática, y que la educación en libertad tiene poco que ver con la libertad de las órdenes religiosas para fundar colegios. La voluntad republicana apostaba por una enseñanza laica, pública y sin discriminaciones. Ese era el espíritu del decreto que se había promulgado el 29 de mayo de 1931 para crear el Patronato de Misiones Pedagógicas. El Estado mostraba su deseo de fomentar la cultura, orientar una nueva pedagogía y llevar su amparo a los pueblos más retrasados de España. Podemos calcular la importancia que la Segunda República dio a la educación si pensamos que en 1937, envuelto en la crisis y en la guerra, el Gobierno destinó 20 millones de pesetas para los gastos escolares de la zona leal, más del doble de lo que había invertido el último Gobierno monárquico en las escuelas de toda España. La educación se identificó tanto con el pensamiento republicano que el magisterio fue uno de los ámbitos de más crueldad en la represión de los vencedores.
De nada sirve mirar al buen pasado, si no convertimos su ejemplo en energía cívica para analizar el presente. Creo que sólo con un nuevo coraje democrático podemos plantearnos el problema de la educación en la actualidad, ese contrato pedagógico que necesita el nuevo contrato social, propio de un mundo en el que la economía ha desbordado las viejas fronteras nacionales. Educar ciudadanos no es lo mismo que generar promociones de creyentes, patriotas, consumidores o futuros empleados en precario. La libertad cívica tiene una dimensión social, la defensa del marco público de las reglas y los valores que conforman una comunidad. El pensamiento republicano no puede confundir la libertad para crear centros privados con una educación en libertad.
Ya que no nos atrevemos a disolver los centros educativos que trabajan en nombre de su fe particular o de los privilegios económicos, resulta imprescindible para la supervivencia democrática la defensa de una educación pública de calidad. Un pacto educativo no es el que hacen dos partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en los programas. El verdadero pacto es el que firma una sociedad consigo misma para dignificar su educación pública. Pero hay más. Si pensamos que ahora la socialización de los niños no se produce en las escuelas, sino ante una pantalla de televisor, deberemos ampliar mucho el significado de un posible pacto educativo. Cuestionar hoy por motivos cívicos una cadena privada de televisión parece más complicado que la disolución en 1931 de la Compañía de Jesús.

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