Meritxell Rigol | Ctxt. Puede que los debates más visibles en redes sociales sean otros, pero para los feminismos de base las reivindicaciones vinculadas a las condiciones materiales de vida serán las más importantes
Empobrecimiento, sobrecarga y explotación son algunos de los problemas denunciados durante el 8-M que llegan a inicio de curso agravados. La crisis sanitaria desencadenó un contexto en el que los cuidados se evidenciaron como esenciales para la mayoría. Pero la consigna “los cuidados, en el centro”, que impulsa el feminismo artífice de las grandes movilizaciones de los últimos años, no ha calado en las decisiones políticas de “nueva normalidad” en el marco de la nueva crisis.
En estos meses, el tejido feminista ha participado en las centenares de redes de apoyo mutuo activadas en los barrios y en cajas de resistencia para paliar las necesidades que más ahogan. También ha planteado reivindicaciones y propuestas en comunicados y ha dejado huella en iniciativas surgidas frente a la emergencia social, como el Plan de Choque Social. Ahora bien, en el plano institucional, las decisiones políticas han sido prácticamente impermeables a sus planteamientos.
“Hay una resistencia estructural muy grande al cambio de sociedad que implica aplicar los principios del feminismo y lo que se generan son parches, que tapan ciertas situaciones pero que no generan otras formas de funcionamiento social”, observa Magdalena Díaz Gorfinkiel, profesora del departamento de análisis social de la Universidad Carlos III, sobre la escasa capacidad de incidencia de los planteamientos feministas en las respuestas a la crisis desencadenada por la covid-19, a pesar de la fuerza social del movimiento ganada en las calles los últimos años.
Muestra de cómo la agenda política “sigue relegando los cuidados a la producción y la productividad” es la ausencia de herramientas previstas para garantizar que las personas adultas, que lo van a requerir en las próximas semanas o meses, puedan cuidar de las niñas y niños que deban aislarse en casa por riesgo de contagio en clase. Todo ello sin que este cuidado implique perder capacidad económica al reducir la jornada laboral o ausentarse totalmente de ella, en los muchos casos en los que no habrá manera de compatibilizar el trabajo dentro de casa con el trabajo remunerado.
Académicas y activistas apuntan que la brecha de género en el tiempo dedicado a los cuidados y en su coste en términos de poder adquisitivo tenderá a ampliarse
En este escenario, diversas académicas y activistas consultadas apuntan que la brecha de género en el tiempo dedicado a los cuidados y en su coste en términos de poder adquisitivo tenderá a ampliarse. “En una sociedad tan monetizada, todos los procesos de empobrecimiento condicionan las posibilidades de vidas más autónomas y también implican más riesgos de violencia”, remarca la economista feminista Yolanda Jubeto.
Desprecarizar las vidas
Combatir la precariedad como régimen de vida en expansión, especialmente entre las mujeres –que ya partían de posiciones desaventajadas en un mercado laboral que menosprecia y penaliza a quienes se considera responsables principales del trabajo de cuidados en los hogares–, ya ocupó el centro de las reivindicaciones del 8-M. Entre las demandas concretas que ganan urgencia: derogar la reforma laboral y reducir las jornadas laborales para repartir el trabajo remunerado, a la vez que facilitar la conciliación con el trabajo de cuidados sin reducir salarios. También, el retorno del importe del rescate bancario heredado de la crisis financiera del 2008 y formular el sistema fiscal para que permita establecer una renta básica incondicional entre otras medidas.
“Es un momento para poner en el centro reivindicaciones relacionadas con las condiciones materiales de la vida de las personas, tanto en la dimensión productiva como en la reproductiva, y no sólo para posibilitar la conciliación, sino para que la infrafinanciación del sistema de salud y de las residencias y los recortes en estos sectores relacionados con la reproducción de la vida no vuelvan a ocurrir”, considera Sandra Ezquerra, directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universidad de Vic. Según la socióloga, la política gubernamental estatal tras la pandemia “ha sacrificado la vertiente feminista” porque “no ha tocado ni una coma de cómo nos organizamos como sociedad y de qué prioriza la economía”. “Mientras que una gran parte de la respuesta política a la crisis ha pasado por salvar al gran capital y a las empresas, las respuestas de protección de derechos laborales no han sido tan contundentes y las respuestas en clave social y de atención a las personas en situaciones vulnerables han sido tibias”, observa Ezquerra.
Se estima que alrededor de 200.000 empleadas del hogar no pudieron solicitar el subsidio por trabajar en la economía informal
Por ahora, de los más de 750.000 hogares solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tan solo a un 1% se le ha reconocido esta ayuda, medida estrella del plan del Gobierno en clave de “rescate de las personas” –en situación administrativa regular–. Miles de migrantes que atravesadas por la Ley de Extranjería subsisten –o lo hacían, antes de la pandemia– con trabajos sin protección laboral ni social, han quedado excluidas del IMV, los ERTE y subsidios frente a la emergencia social. Es el caso de la ayuda extraordinaria para trabajadoras del hogar, un sector con alta presencia de mujeres migradas ocupadas sin contrato, a menudo a cargo del cuidado de personas mayores. Además de las alrededor de 200.000 empleadas del hogar que se estima que no pudieron solicitar el subsidio por trabajar en la economía informal, menos de un tercio de las 52.000 que lograron pedirlo habían accedido a la ayuda hasta finales de agosto.
“Hay medidas que suponen dejar atrás a algunas mujeres y esto es una gran preocupación para muchas feministas”, remarca Justa Montero, activista de la Asamblea Feminista de Madrid, en referencia a las trabajadoras sexuales y al conjunto de las mujeres migradas en situación administrativa irregular, como a las trabajadoras del hogar que el Gobierno mantiene bajo un régimen “especial”, discriminatorio respecto al resto de sectores laborales. La ratificación del Convenio 189 de la OIT, que conllevaría los cambios legislativos para dejar de negarles el acceso a derechos como la prestación por desempleo, sigue pendiente.
Recuperar el control de los servicios públicos, así como de los bienes comunes, se suma a la ya clamada urgencia de regular el mercado de la vivienda para que este bien básico deje de ser una fuente de enriquecimiento para pocos y de angustia para una mayoría. Según detecta un informe de 2018 del Observatorio DESC y la PAH sobre derecho a la vivienda y pobreza energética en Barcelona, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los procesos de desahucio. El informe también concluye la dependencia de un amplio número de mujeres respecto al conjunto de ingresos del hogar para garantizar sus condiciones de vida, como la vivienda, cosa que puede implicar la “pervivencia de situaciones de violencia y abuso”. “Entre los sectores más vulnerables, principalmente mujeres y, entre estas, migrantes, gitanas y racializadas, muchísimas se van a caer del barco y, cuando las mujeres pierden poder económico, están más expuestas a todo tipo de violencias”, remarca Pastora Filigrana, abogada y activista del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).
Si bien Montero coincide en que en los próximos meses el foco de acción del movimiento feminista tiene que situarse frente a la profundización “hasta extremos inimaginables” de las desigualdades, la activista remarca que la lucha contra las violencia machistas y la exigencia de medidas para prevenirlas; así como el blindaje de los derechos sexuales y reproductivos, son prioridades sin resolver de la agenda feminista que la crisis no puede dejar relegadas. Aún menos en un contexto de auge de la ultraderecha, que tiene en el punto de mira los derechos ganados desde el feminismo para la autonomía de las mujeres.
También en el foco de la ultraderecha está revertir los derechos fruto del reconocimiento de la diversidad sexual y de género, por lo que el refuerzo mutuo con el movimiento LGTBI+ es importante, según explica Montero. En un momento en el que los derechos de mujeres y personas trans son cuestionados por un sector del feminismo, la activista enfatiza que, para buena parte del movimiento –“el que ha protagonizado los 8-M”– las demandas de las mujeres trans forman parte de la agenda feminista, igual que muchas de ellas forman parte del tejido feminista.
Un sector del feminismo dice que despatologizar las identidades trans podría implicar un retroceso de los derechos de las mujeres, si se reconoce el derecho a la autodeterminación de género en una futura Ley Trans –incluida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos–. Sin embargo, ante la crisis –económica, de cuidados y climática– del presente, estos miedos parecen poco fundamentados en la realidad material. “A veces hay debates que con mucha agresividad se sitúan a primera plana, pero que para nada son los principales”, considera la activista Míriam Hatibi. Tener presente que sufrir una opresión no nos inhibe de ejercer otras, remarca Hatibi, es imprescindible para articular las luchas con el horizonte de transformar la sociedad desde las raíces, algo que, remarca, comparten el feminismo y el antirracismo.
Derogar la Ley de Extranjería y facilitar la regularización administrativa de las personas, así como garantizar el derecho al asilo, son algunas claves de la agenda antirracista que asume el feminismo entre sus prioridades. “Tenemos un enemigo común que son los fascistas, su odio hacia las migrantes y hacia las mujeres, su necropolítica, y ellos tienen estrategias de acoso y derribo frente a las que tenemos que acuerparnos”, afirma Antonia Ávalos, activista de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, para quien es importante “no alimentar disputas teóricas y priorizar las necesidades para el bienestar físico y emocional, la emancipación, el buen trato y los afectos”, como guías hacia otro tipo de vida.
También el ecologismo ha calado con fuerza a la hora de definir el mapa de conflictos del movimiento feminista. “El ecofeminismo nos hace entender en qué crisis estamos situadas y que no solo tenemos que pensar en las urgencias del plano más material, sino en la necesidad del cambio de modelo, que darle la vuelta a este sistema depredador también es una urgencia”, plantea Montero.
Potenciar la agroecología y los circuitos de comercialización de proximidad supone un paso importante en el camino de transición hacia un sistema sostenible, destaca Jubeto, para quien un aprendizaje por hacer de las feministas comunitarias latinoamericanas es que “defender el territorio es defender el cuerpo”.
Blindar el cuidado
En la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, la economista Amaia Pérez Orozco planteó los cuidados de calidad como un derecho que debería ser universal y que implica que el cuidado de unas personas no vaya en detrimento del cuidado de otras, por lo que exige condiciones laborales dignas para las cuidadoras remuneradas y protección social para las familiares.
Pérez Orozco también puso sobre la mesa la necesidad de construir un sistema estatal de cuidados y reivindicó que resolver cómo vamos a responder a las necesidades de cuidados de las personas es el punto de partida para replantear las estructuras de lo considerado productivo, para salir de las crisis que genera este sistema regido por la acumulación de capital.
Son mujeres y en muchos casos migradas las trabajadoras que protagonizan, al margen de sindicatos tradicionales, luchas laborales en sectores precarizados
“El cuidado no es algo que necesitamos cuando enfermamos, es algo que necesitamos a diario, desde trabajos y salarios dignos, poder llegar a la escuela tranquilamente, tener agua y calor y electricidad, comer suficiente y nutritivo, tener sanidad; significa cambiar el concepto de cuidado y poner en marcha mecanismos institucionales que puedan juntar lo comunitario y lo público, de forma que el capital deje de estar en el centro”, detalla la activista y profesora de ciencia y teoría política en la Universidad del País Vasco Jule Goikoetxea. Tras el diagnóstico y propuestas de la plataforma, el siguiente paso sería que se sienten en la mesa los gobiernos y exigir cambios a las empresas que, por ahora, no han movido ficha.
Ante el riesgo de ampliación de la brecha de género en los trabajos y los ingresos a partir de la vuelta al cole, las diversas entrevistadas coinciden en que el sindicalismo se convierte en una alianza primaria para avanzar hacia salidas feministas de la crisis. Si bien hay sindicatos de clase que han apoyado las huelgas feministas, fortalecer la alianza exige superar la “falsa universalidad del anticapitalismo, que piensa que no hace falta decir quiénes están más oprimidas”, detecta Hatibi, para que “la propuesta de revolución no excluya a las que más sufren este modelo de sociedad”.
Son mujeres y en muchos casos migradas las trabajadoras que están protagonizando, al margen de sindicatos tradicionales, luchas laborales en sectores altamente precarizados y que, en plena crisis sanitaria, fueron reconocidos como esenciales. “La crisis ha mostrado el trabajo precarizado altamente feminizado y racializado que mantiene los mimbres del orden económico, de las jornaleras del campo a las dependientas de supermercado, pasando por limpiadoras, enfermeras y cuidadoras, y creo que van a ser claves las alianzas del feminismo con estos sectores, que ya hemos visto que están a primera línea, y que pueden hacer parar la máquina de producción a otros niveles”, plantea Filigrana, quien apuesta por “aumentar la conflictividad sindical en estos sectores” como parte del proceso de crear “una masa social con capacidad de impugnación de este sistema productivo y de distribución de la riqueza que minusvalora la fuerza de trabajo y la vida de las mujeres, cosa que se traduce en las violencias que vemos”, plantea.
Luchas laborales como las protagonizadas por Las Kellys, Jornaleras de Huelva en Lucha o las organizaciones dentro del Grupo de Acción Política de Trabajadoras del Hogar y el Cuidado, coinciden diversas de las entrevistadas, recogen ingredientes estratégicos para el accionar feminista frente a la crisis: juntarse, movilizarse, revolver y mantener el apoyo mutuo.
