La llamada “crisis económica” (que es una estafa) ha sido un desastre -también- para las organizaciones solidarias (OOSS). Muchas de ellas se han disuelto, se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, y -lo que es más importante- han desaparecido miles de programas y actividades de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales más vulnerables: personas sin hogar, discapacitadas, drogodependientes, inmigrantes, mujeres maltratadas, menores en riesgo, etc., etc.
Ahora, para remachar el clavo, el gobierno anuncia un polémico cambio en la Ley de Subvenciones, que hará mucho más difícil -cuando no imposible- el sostenimiento de las organizaciones.
Ya he dicho en numerosas ocasiones que se necesitan cambios profundos en la acción, la organización y la financiación de las OOSS para adecuarse a un nuevo contexto y un nuevo tiempo, pero digo también que no se puede arrojar al bebé por el desagüe con el agua de la bañera, que en nombre de la transparencia en la financiación no se puede rematar al tejido solidario.
¿O -quizás- es eso lo que se pretende? Bien podríamos sospecharlo en vista de las frecuentes críticas del gobierno a las ONG (por su defensa de los inmigrantes en la valla de Melilla, por sus informes sobre la pobreza infantil en España, etc.). Lo que si es seguro es que se trata de un paso más en la desconfianza histórica de los poderes políticos hacia las organizaciones de iniciativa social.
En su visión patrimonial, monopolística de la democracia, en su convicción de que la participación ciudadana se limita al voto y que la legitimidad democrática es como un cheque en blanco que se entrega -en exclusiva- a los representantes electos cada cuatro años, las estructuras de poder han recelado siempre de las incómodas organizaciones sociales, tanto más cuanto más críticas y reivindicativas fueran éstas.
Es curioso que los argumentos -para la descalificación de las OOSS- hayan sido a menudo los de la crítica a la “dependencia económica” (de los recursos públicos) que -paradójicamente- ha sido alimentada con pretensiones clientelares por las propias estructuras políticas (ellas mismas dependientes de los recursos públicos).
Más aún, es curioso que las estructuras políticas que -desde las administraciones entendidas como chiringuitos, escenarios habituales de la corrupción- han derrochado y malversado esos mismos recursos públicos, sean tan celosas de su correcto uso en las OOSS. Y no porque no deban serlo, que deben, sino porque debieran haberse aplicado el mismo cuento (de la transparencia en la gestión, la eficacia social y la eficiencia del gasto) en sus propias políticas.
Pero, es más curioso todavía que se atrevan a cuestionar a organizaciones sociales que llegan donde el Estado no llega, supliendo lo que el Estado no hace, que le sirven de mano de obra barata, que actúan -aunque no quieran- de amortiguadores de la indignación social. Están disparándose en el propio pie, jugando con fuego.
En fin, que no este el cambio que necesita el Tercer Sector de Acción Social, sino todo lo contrario: más impulso, más apoyo, más reconocimiento, más coordinación de esfuerzos, más participación (en la definición, desarrollo y evaluación de las políticas), más y mejor financiación pública (más transparente, más eficaz, más eficiente…), etc.
Pero este texto indignado no es tanto para criticar a un gobierno -y a buena parte de la clase política- cuyos principios ideológicos no hacían presagiar otra cosa, cuya devoción por la privatización, por la mercantilización de cualquier espacio y servicio público, para convertirlo en negocio privado, alcanza también a la acción social y solidaria (como es cada día más evidente).
Este grito es para reclamar de las organizaciones solidarias, asociaciones, fundaciones, ONG… una respuesta inequívoca y decidida a las intenciones del gobierno: la exigencia para que se negocie -de forma participativa- un nuevo marco global de las relaciones entre las OOSS y los poderes públicos.
Hace ya algunos años propuse, entre las sonrisas condescendientes de muchos de mis compañeros/as y amigos/as del TSAS, el recurso a la Huelga General del Tercer Sector como fórmula contundente para hacer tomar conciencia -de un solo golpe- a los poderes públicos y a la sociedad en general, del papel fundamental de las organizaciones solidarias.
“Cerrar” al mismo tiempo todos los programas, servicios, proyectos y actividades de apoyo a los diferentes colectivos sociales. Reunir a todas las personas beneficiarias, participantes, usuarias… acompañarlas a la puerta de las dependencias públicas -concejalías, consejerías y ministerios- que deben ocuparse por ley de atender a sus necesidades. Y no moverse de allí hasta que hubieran encontrado cumplida respuesta a sus derechos.
Seguramente, una iniciativa como ésta podría servir para que las propias personas y grupos sociales tomaran conciencia de su “poder” (se empoderaran), para que la comunidad social visibilizara la acción silenciosa de las OOSS, para que los poderes públicos se enteraran de una vez de la importancia clave de esas organizaciones que tantas veces les sacan las castañas del fuego y empezaran a respetarlas.
No se me ocurre un momento más oportuno para una Huelga General del Tercer Sector de Acción Social.
