Por Marco Marchioni | Apuntes para la Partipasión
La
‘crisis económica’ en la que nos hemos vistos, como de golpe,
implicados nos ha hecho tomar conciencia de que lo que teníamos
organizado y que nos parecía cierto y seguro, en realidad no lo era.
Algunas personas, una minoría -entre ellas, quien les habla- hemos
tenido que aguantar críticas de todo tipo por llamar la atención sobre
esta realidad. La más profundamente injusta de las críticas afirmaba que
lo que planteábamos era cosa del pasado (es decir, que éramos
‘nostálgicos’) o, por el contrario, que éramos utópicos (es decir, que
estábamos fuera de la realidad).
No recuerdo ni hago hincapié en esta cuestión por revanchismo o por
reivindicar algunas primacías intelectuales, sino sólo para afirmar que
ya había señales claras que lo que había de verdad no tenía nada que ver
con lo que se afirmaba pomposamente (aspiraciones infundadas de
grandeza, creencia de un crecimiento imparable e
ininterrumpido…), ni con su sostenibilidad económica y social. De
seguir por esta senda, decíamos algunos, llegaríamos a situaciones que
no nos gustarían y que estarían en contradicción con los principios de
avance social, de una efectiva paridad de oportunidades, de
justicia social y de un desarrollo económico que no hubiera
discriminado y penalizado las clases sociales -perdón: los sectores
sociales- más débiles y precarios.
De manera sintética, podríamos resumir los elementos críticos a los
que hacíamos referencia (sin un orden de importancia ni de prioridad):
a) El avance sustancial en la organización del
Estado, pasando en poco tiempo de un estado centralizado y autoritario a
uno democrático y ‘autonómico’, dejaba pendientes una serie de
cuestiones cuya irresolución ha ido generando graves dificultades,
despilfarro, sobreposiciones y hasta duplicidades, cuando no
competitividad entre diferentes niveles institucionales o diferentes
ámbitos de competencias. La visión ‘patrimonialista’ de los partidos con
relación al gobierno de las diferentes parcelas del Estado ha
ulteriormente agravado la situación haciéndola de hecho insostenible,
ya antes de la ‘crisis’.
“… No hablo de una cuestión que pueda resolverse mediante un cambio
de gobierno… sino de problemas varados por la contradicción entre un
sistema constitucional diseñado para el acuerdo sobre cuestiones
básicas y una lógica partidista que basa sus expectativas en abrir
abismos de confrontación sistemática, a menudo más ficticios que
reales…. con el resultado de paralizar decisiones básicas para el buen
desempeño del país.” (Jordi Sevilla, “Mercados” del 17 de octubre de
2010).
Una de las consecuencias sociales más relevantes de esta
situación -a la que haremos referencia más adelante- ha sido la
fragmentación de las intervenciones de las diferentes administraciones
en política social, dando lugar a una ‘jungla’ de proyectos, servicios,
intervenciones, etc., sin coordinación, que no han podido contrarrestar
los procesos de división social que ya estaban produciéndose en los
barrios urbanos y en los pueblos debidos a los cambios laborales,
sociales y, sobre todo, a los recientes e intensos procesos
inmigratorios.
b) De ello se desprende de hecho una deriva
asistencialista de las políticas sociales, sobre todo en sus elementos
estructurales –los tres grandes pilares del Estado Social o Welfare
State: servicios sociales, sanidad y educación-; y más allá de avances
reales en ámbitos antes ignorados, como la dependencia, la
igualdad de oportunidades, etc., pero sin llegar a determinar
situaciones irreversibles.
Muchos de estos avances han sido realizados en el ámbito de una
‘privatización’ camuflada y confusa con las organizaciones de la llamada
‘sociedad civil’ (ONGs y empresas).
Pero lo que aquí interesa subrayar es que las políticas sociales han
ido abandonado -salvo pocas excepciones- el campo de lo colectivo y de
lo comunitario, es decir de lo educativo, de lo preventivo y de la
intervención para luchar contras las causas de la exclusión y no sólo
atendiendo a las consecuencias individuales de ellas.
Las grandes y avanzadas leyes sociales de los años 80 (la Logse en el
terreno educativo, la de Servicios Sociales y la de la Reforma
Sanitaria) han ido derivando así hacia una gestión asistencialista de
las políticas sociales y se ha abierto el camino a la privatización, a
la pérdida de horizontes progresistas y solidarios. La escuela pública
se encuentra en gran medida dicotomizada, ya que los sectores sociales
con poder adquisitivo medio y medio alto la han abandonado (hace veinte
años hubiera sido imposible que el Presidente de la Generalitat tuviera
sus hijos en centros escolares privados y elitistas); los servicios
sociales atienden casi exclusivamente a los sectores dependientes de
la población y han encerrado su teórica vocación ‘universal’ en
unas prestaciones y atenciones cada vez más marginales; y la sanidad
pública está siendo arruinada por el gasto farmacéutico y por el consumo
indiscriminado de sus recursos…
c) Sustancialmente, a pesar de declaraciones
enfáticas y oportunistas, el sistema democrático español se basa
exclusivamente en métodos y funcionamientos típicos de la democracia
representativa, sin conceder espacios algunos a lo que se
entiende por democracia participativa. Este no es ningún drama, ni se
aleja mucho de la realidad europea. Sin embargo en este tema no ha
habido claridad ni pedagogía política y el resultado es que la palabra
‘participación’, hoy en día, no tiene una definición clara y los
intentos participativos se quedan en ámbitos de escasa relevancia.
Los gobiernos -a todos los niveles- se han caracterizado en esta
etapa democrática por gobernar fundamental y substancialmente para la
ciudadanía y, desde luego, no con ella (es decir, contando con ella).
Los Reglamentos de Participación que se hicieron en los
primeros años de régimen democrático se limitaron a reglamentar las
relaciones con la población a través de las Asociaciones de Vecinos y
hoy resultan claramente obsoletos y superados por los cambios sociales y
por el envejecimiento orgánico de aquellas organizaciones. Éstas
jugaron un papel muy importante -de lucha y reivindicación para las
clases trabajadoras en los territorios de vida, los barrios periféricos
de las ciudades-, pero que han sido incapaces, salvo en unas pocas
realidades, de evolucionar y seguir estando a la altura de las nuevas
realidad social y política del país.
La llamada Ley de Grandes Ciudades es realmente un intento de
racionalización de las relaciones ‘gobierno local – ciudadanía’, pero
sigue asignando exclusivamente a los partidos políticos la
representación de los intereses ciudadanos…Con ello el tema no avanza,
sino se sigue creando confusión.
Pido disculpas por citar algo ya escrito, pero:
‘…Necesitamos urgentemente modificar muchas cosas para que nuestras
sociedades no estallen en profundas e insanables contradicciones. Y la
más profunda y la más necesaria modificación tiene que ver directamente
con el tema de la participación: o implicamos correcta y paulatinamente a
la ciudadanía en un papel de corresponsabilidad (para definirlo por
ahora de alguna manera) en el gobierno y en la gestión de los asuntos
públicos, o los individualismos, los territorialismos, los más
diferentes corporativismos, llevarán inevitablemente a la
insostenibilidad. Desde un punto de vista medioambiental esto ya parece
evidente y en parte asumido. Pero también tendrá que serlo desde un
punto de vista social y político. Dicho de otra manera y muy
escuetamente: la participación ya no puede seguir siendo un elemento
‘decorativo’ de la política y de los procesos sociales. La participación
ya es una necesidad.
En síntesis, la participación activa y consciente de la ciudadanía
es el elemento clave del futuro, el único que puede asegurar la
sostenibilidad en sentido global y general y garantizar también la
posibilidad de seguir luchando para una sociedad que garantice un
cierto equilibrio y una real paridad de oportunidades; a pesar de las
insuperables –por el momento- diferencias de clases, de la lógica
del capitalismo sin controles (como ha evidenciado la “crisis”) y
de la no contención de los planteamientos y principios del “libre
mercado” y del pensamiento liberalista más descarnado…’
Así los grandes cambios sociales del final del Siglo XX nos han
cogidos impreparados y con muchos instrumentos, planteamientos, métodos…
que podríamos definir obsoletos. Esto y la llegada de una ‘crisis’,
cuyos caracteres aparecen cada día más estructurales y no simplemente
coyunturales (por ejemplo, como el paro), nos obligan a retomar algunas
cuestiones que, de manera también muy sintética, aquí recordamos,
subrayando que se están dando ya algunas experiencias en la práctica.
Ellas son:
- La necesidad absoluta de ir integrando los ‘escasos’ recursos a través de la coordinación y de la programación compartida entre varios agentes (públicos y privados), instituciones y administraciones… eliminando despilfarro y duplicaciones; sobre todo garantizando respuestas sociales más globales, más adecuadas a la complejidad de la realidad del mundo de hoy.
- Asumir la participación de la ciudadanía como un eje estructural de los procesos decisionales, sin confusión de papeles: no se trata de sustituir a quien decide (que ha sido elegido democráticamente), sino de modificar el modo con el que se llega a tomar las decisiones que afectan a todo el mundo. Dar vida a espacios y órganos de participación abiertos a las organizaciones sociales de todo tipo y a las personas que quieren hacerlo a titulo individual. Eliminar de estos espacios y órganos mecanismos de participación derivados de la democracia representativa, que contaminan la participación y alejan los ciudadanos y las ciudadanas que quieren aportar libremente su contribución…
Hay que reconocer que la participación
-constante, permanente, sostenible- siempre será un tema relacionado con
minorías y no con masas de personas. Pero ahora los espacios y los
procesos tienen que ser abiertos y no recluidos por una
minoría que transforma su participación, no ya en un derecho, sino en
un privilegio.
- Vincular los procesos e itinerarios participativos a diagnósticos reales y participativos de las realidades sobre las que hay que tomar decisiones y aportar soluciones. La participación de’todo el mundo’ en la realización del diagnóstico y, luego, en la definición de las prioridades o de las líneas de acción a seguir constituye un elemento fundamental para que los procesos participativos no fomenten los intereses particulares o el populismo.
Durante muchos años la participación de la
ciudadanía se vio de hecho relegada a jugar un papel exclusivamente
reivindicativo hoy claramente insuficiente. Actualmente se debería de
vincular a proyectos y procesos de mejora de las condiciones de vida de
la población y a los retos que plantea la sociedad de la información, de
las comunicaciones y de la Aldea Global. Esto permitiría asumir la gran
tarea de evitar (o impedir o limitar) el hecho de que la nueva realidad
y los cambios sociales que se han producido de manera tan drástica no
lleven a una definitiva dicotomización social -ya en acto- y a la
pérdida de la perspectiva igualitaria y solidaria que ha sido y es el
patrimonio más importante que nos ha dejado la lucha del Movimiento
Obrero en la época, en vía de extinción, de la industrialización y del
capitalismo industrial y productivo.
- Naturalmente esto requiere que los mismos procesos sean irrigados por un constante y claro flujo informativo (la misma información para todo el mundo en cuanto al contenido se refiere, aunque con formas y lenguaje diferentes) y que los temas sean afrontado con el auxilio de las ciencias y de los conocimientos científicos. Este hecho hace sí que los procesos, ámbitos y órganos de participación deberían incluir espacios ‘técnico-científicos’ con funciones de asesoramiento, tanto a la ciudadanía participante, como a las instituciones que toman las decisiones.
- El territorio vuelve a asumir un papel fundamental, convirtiéndose por un lado, en un espacio de referencia de programas, intervenciones económicas, sociales, etc.; y, por el otro, en espacios de participación de la ciudadanía en la vida pública.
En las ciudades -y aquí, en Las Palmas,
concretamente- ya se tienen en cuenta tres niveles o ámbitos de
participación claramente definidos: el ámbito de los grandes temas
ciudadanos con la creación del Consejo Social de la Ciudad; el ámbito
sectorial o de área, coincidiendo con la organización municipal; y el
ámbito del territorio según la organización administrativa de los
Distritos. La Ley estatal de Desarrollo Sostenible así como, por
ejemplo, la ley extremeña con el mismo título, dividen, por fin, el
territorio regional en Zonas, asumiendo éstas como espacios de
programación y de participación (aunque este segundo aspecto queda
todavía por definir).
Por todo ello la perspectiva del desarrollo comunitario, de la
participación activa y consciente de la ciudadanía, de la coordinación
de recursos, de la integración de las instituciones, de la programación
comunitaria, del diagnóstico participativo… todo esto vuelve a asumir un
protagonismo que muchos han querido relegar al ámbito de los sueños.
Naturalmente somos conscientes de que la forma de ponerlo en práctica
tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos que se han producido (lo
contrario, sí sería estupidez), pero, conviene recordar lo que decía mi
maestra Angela Zucconi: ‘hay que ser rígidos en los principios y muy
flexibles en la aplicación’.
Marco Marchioni
“2ª Jornadas Internacionales de Participación y Desarrollo Social de Las Palmas de Gran Canaria” Noviembre 2010
