Nos
llamaron golpistas. Dijeron que detrás estaban la extrema derecha,
mintieron en los medios de comunicación una y otra vez, amenazaron por
activa y por pasiva con que iríamos a la cárcel, trajeron 1400 policías,
identificaron y denunciaron por lo penal a personas que solo estaban
reunidas en un parque público hablando de la convocatoria. Intentaron
meternos el miedo en el cuerpo como nunca lo habían hecho… Y el
resultado es que decenas de miles de personas salimos a la calle a
desobedecer el estado de excepción impuesto por el gobierno. Ahora todos
los medios de comunicación del planeta hablan de lo que ha sucedido en
Madrid el 25S.
El Gobierno de Mariano Rajoy es más débil que nunca. Afronta un triple problema de magnitudes cada vez más profundas. En primer lugar, una fuerte crisis de legitimidad con
respecto a la ciudadanía, y esto no sólo entre las decenas de miles de
personas movilizadas el 25S, sino también entre su propio electorado. El
gobierno no tiene plan alguno más allá de insistir en la política de
recortes, siempre acompañada de una dinámica represiva más intensa, al
tiempo que inútil. La respuesta desmedida a las movilizaciones de ayer,
la clandestina salida de sus “señorías”, las patéticas declaraciones de
la mayor parte de los diputados. Digámoslo claramente, un
gobierno que sólo se sostiene sobre el monopolio de la violencia es un
gobierno débil, moribundo, condenado.
En segundo lugar, una grave crisis del modelo territorial del Estado.
Atrapado entre la postración a la troika (UE, BCE, FMI) que se traduce
en imposiciones políticas a los dictados financieros y en la
desmembración de los pactos inter-élites que sostuvieron el reparto de
poderes que se materializa en las Comunidades Autónomas, el gobierno
central es poco más que un espantajo. A duras penas, puede mantener ya
cierta unidad de acción con las élites territoriales, tal y como se
muestra ahora con la “amenaza” de independencia por parte de CIU, capaz
de movilizar (en un proyecto descaradamente neoliberal y oligárquico) a
buena parte de la sociedad catalana. En este caso, la debilidad ya no es
sólo la de este gobierno, sino del arreglo institucional, en su
conjunto, que viene heredado de la Transición, al tiempo que nos muestra
la necesidad de construir un nuevo modelo de democracia política y
económica.
Por último, el gobierno se ha demostrado incapaz de enfrentarse a la Troika y defender
los intereses de su propia población, en alianza con el resto de los
países de la periferia. Dicho de otro modo, el gobierno no ha dejado de
obedecer las órdenes de los poderes financieros, que permanentemente obligan a profundizar la crisis social.
En este marco, no hay más salida posible que la recesión y el
empobrecimiento. Aquí deberemos seguir atentos, pues seguramente el
viernes o el sábado, a más tardar, conoceremos las contrapartidas que exige la Troika al nuevo rescate:
reducción de la prestación del desempleo, aumento de la edad de
jubilación, venta de activos y bienes comunes y nuevos recortes en los
derechos de los trabajadores públicos. Hoy mismo la prima de riesgo se
ha disparado muy por encima de los niveles de estos días, en lo que bien
puede ser un recordatorio de la Troika, mediante la suspensión del
programa de compra de bonos soberanos, de que el programa de
contrapartidas impuestas por las finanzas está por encima de cualquier
“concesión” a las demandas de la ciudadanía.
Lo que hemos vivido el 25S en las calles de Madrid ha sido una primera prueba de la potencia de la organización colectiva.
Nos situamos en el comienzo de un probable ciclo de movilizaciones al
que, sin embargo, aún no se han unido de forma masiva ni los empleados
públicos ni los pensionistas. Debemos reconocerlo, la movilización del
25S ha tenido un claro sesgo generacional: la generación que no tiene
vivienda, renta, empleo, que no ha votado la Constitución y que tampoco
se siente legitimada por los pactos que han dado cuerpo a este modelo de
Estado. Y sin embargo, es de esperar que la serie de medidas que a buen
seguro tendrá que aprobar el gobierno anime a muchos más a sitiar el
Congreso. Porque el problema es político, nuestra tarea sigue
consistiendo en reunir la potencia social necesaria para detener el
expolio común. Porque el problema es político, tenemos que
conseguir volver a materializar la misma alianza que se viviera en las
jornadas de julio, donde 15M, funcionarios de todo tipo,
pensionistas, trabajadores de la educación, la sanidad y una multitud
que acudía allí sin más adjetivos que su nombre propio se reúna, de
nuevo, para señalar al actual ordenamiento constitucional, al
bipartidismo imperante y a unas instancias de representación caducas. Y
para decir bien claro que la democracia es otra cosa, que en este país, y
en Europa, está por inventar.
La delegación de gobierno de
Madrid puede decir que había 6.000 personas movilizadas, puede hablar de
golpismo, o puede compararnos con Tejero, pero su realidad y la nuestra
caminan por realidades separadas. La inteligencia puesta en red tiene su propia capacidad para autonarrarse y no necesita mecanismos que “la representen”.
Se trata de un buen ejemplo de la crisis de esta forma de Estado, que
cada vez se parece más a una dictadura. Por eso, debemos gritarle una
vez más: no somos espectadores, no nos representan.