Alberto Garzón | La Opinión de Málaga
Los directivos de las entidades financieras pidieron a
sus empleados realizar todos los contratos posibles de preferentes.
Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados
bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde
arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que
conllevaban tales contratos. En última instancia estos productos de vida
ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más
dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de
avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda
la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o
caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero
cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las
entidades financieras les negaron esa posibilidad.
Más
de 12.000 personas en Málaga han sido víctimas de las estafas de las
participaciones preferentes, según cálculos de la asociación de
consumidores ADICAE. Se trata de uno de los engaños más dramáticos y
masivos que han cometido las entidades financieras, bancos y cajas de
ahorros, en los últimos años. Y no sólo en nuestra provincia sino en
todo el país. Para hacerse una idea de la magnitud basta saber que en
mayo de 2011 había en España un total de 22.000 millones de euros
«invertidos» en estos productos financieros.
La trampa puede
explicarse de forma sencilla. Todo banco o caja de ahorro necesita
cumplir unos requisitos legales de capital, es decir, necesita tener
dinero suficiente para evitar problemas de solvencia y la quiebra de la
entidad. Para ello puede emitir acciones o, si lo prefiere, puede emitir
unos títulos jurídicamente parecidos que no comportan derechos
políticos, es decir, capacidad de decisión sobre la entidad. Dentro del
conjunto de esas otras posibilidades se encuentran las acciones o
participaciones preferentes (en función de si es un banco o una caja
quien emite), que son en realidad productos perpetuos, esto es,
contratados de por vida. Quien compra una participación preferente
recibe cada año un interés alto en comparación con otras fórmulas de
ahorro –tales como depósitos o fondos de inversión– pero no puede sacar
el dinero del banco salvo que éste voluntariamente lo permita. El
contrato beneficia teóricamente a ambas partes, pues la entidad recibe
dinero con el que contentar a los reguladores y el cliente que compra el
producto recibe un alto interés cada año.
Pero
eso es la teoría. Los directivos de las entidades financieras pidieron a
sus empleados realizar todos los contratos posibles con esos productos.
Y ahí entró la capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados
bancarios, quienes en gran número de casos lo hacían presionados desde
arriba o con pleno desconocimiento de las implicaciones reales que
conllevaban tales contratos. En última instancia estos productos de vida
ilimitada eran presentados como extraordinarias fórmulas para hacer más
dinero del habitual, y se vendían mayoritariamente a personas de
avanzada edad que buscaban mantener en sitio seguro los ahorros de toda
la vida. La mayoría de estos clientes asegura, de hecho, que el banco o
caja les recordaba que podrían sacar el dinero cuando desearan. Pero
cuando quisieron hacerlo, asustados por la crisis o por necesidad, las
entidades financieras les negaron esa posibilidad.
Hay incluso
casos en los que tales contratos se realizaron con personas analfabetas,
quienes firmaron usando su huella dactilar y desde luego empujados por
la confianza que tenían en el empleado de la entidad financiera. Eran,
en realidad, el último eslabón de una cadena que permitía a bancos y
cajas cumplir con la regulación y poder mantener en niveles altos su
actividad especulativa en la burbuja inmobiliaria.
Presionados por
las movilizaciones sociales, las entidades han ido convirtiendo las
participaciones preferentes en depósitos a largo plazo. No obstante, a
veces en depósitos a 10 años ofrecidos a personas de más de 80. Pero aún
quedan más de 5.000 millones de euros atrapados en fórmulas perpetuas.
En
cualquier caso, y como desgraciadamente es costumbre en este país,
nadie se ha responsabilizado de esta estafa. Los reguladores se limpian
las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando
la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades
financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los
pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su
infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo.
La
verdad de lo que ha sucedido, sin embargo, está aún lejos de conocerse
con precisión. Hace dos semanas el Gobierno bloqueó la propuesta de
Izquierda Unida de investigar la crisis y estas estafas con ánimo de
buscar responsabilidades. Este es nuestro país, lugar donde abundan las
estafas y los grandes hurtos y donde todos ellos quedan impunes.
