Sería absurdo empezar este artículo con eufemismos o matices: la
educación pública se encuentra en una de los cruces más preocupantes de
los últimos tiempos. Sometida a la imposición de un nuevo paradigma
neoliberal y víctima de las medidas antisociales con las que los
diferentes gobiernos pretenden parar esto que ellos han denominado
crisis, la vemos peligrar mientras se imponen los nuevos criterios y se
aprovecha la situación actual.
David Caño | VientoSur
Y ésta, difiere mucho de la que creyó en la educación como un servicio público, como un derecho universal. La que se vertebraba gracias a la participación activa del profesorado y de la comunidad educativa. La que tenía como reto ofrecer una enseñanza de calidad a través de la democratización de los centros y de la igualdad de oportunidades. Aquella que entendió su función como una herramienta para el desarrollo personal, y la emancipación social, y que quería una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. La que por primera vez vio como las clases populares accedían a la universidad - que había dejado de ser exclusiva de los sectores dirigentes.
Hacia un modelo educativo neoliberal y globalizado
Pero llegaron los vientos neoliberales que todo lo impregnan y los diversos gobiernos, central y autonómicos, cambiaron el paradigma e impusieron un nuevo modelo: el que se deriva de la progresiva imposición del neoliberalismo a escala mundial, y que viene avalada por las directrices de los organismos supranacionales, como el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la convicción de que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, ha de estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. Una educación al servicio de la economía, en su doble vertiente: "Adaptada" a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y "rentable", o sea gestionada con criterios empresariales y por lo tanto, susceptible al negocio privado.
La privatización es uno de los elementos básicos de este nuevo modelo. Y aquí, no sería ocioso recordar la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo: Desde la OMC se preconiza la apertura del mercado educativo y la liberalización de este servicio. Desde el Banco Mundial se “recomienda” la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas “competencias básicas” que intentan orientar los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución de los gastos públicos destinadas a la educación y un aumento de la financiación individual (la educación, como toda inversión, se debe pagar), y una gestión de los sistemas educativos que rentabilicen los gastos y aumenten la eficiencia.
¿Cómo aterriza la globalización neoliberal en la educación Catalana?
Esta privatización en Catalunya se concreta con la ampliación y consolidación de la doble red, con un incremento de los centros privados concertados, con un aumento de los niveles educativos que reciben subvención pública y con el incremento de las cantidades dedicadas a la concertación. Todo esto sin una normativa clara ni medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no-discriminación del alumnado y de laicidad. El resultado, evidentemente, es una mayor cantidad de dinero público gestionado por patronales privadas, un aumento de la fractura social (de clase social y de origen cultural) y más control ideológico por parte de los centros religiosos y de élite.
De este modo, y bajo el argumento de la optimización de recursos, se aumenta la privatización y se externalizan todos los servicios educativos: comedores, transporte, limpieza, evaluación, formación; Se permite que algunos tramos educativos pasen, también, a ser gestionados por empresas privadas: educación de 0-3 años, educación de Personas Adultas, Formación Profesional, educación on-line, Formación Permanente; Y se privatizan los servicios complementarios: Servicios educativos, Formación del profesorado, Innovación, Asesoramiento, PQP...etc.
Del tripartit al govern dels millors
Hay que decir, pero, que este cambio de modelo se consolidó durante el gobierno tripartit (PSC-ERC-ICV) y se escenificó con la aprobación de la LEC. Una ley que, además de consolidar y ampliar la doble red, introducía un nuevo modelo de organización y gestión a los centros públicos inspirado en criterios de empresa privada; y que se concretaba en los decretos de Autonomía de Centros y de Direcciones. En un claro ejemplo de perversión del léxico, el Departament d’ensenyament utilizaba la palabra “autonomía” como una muestra de libertad de elección de perfil de los centros pero escondía un modelo jerárquico y antidemocrático que se apoyaba sobre la figura del nuevo director a la vez que también empleaba el término “competencia” refiriéndose al aumento de la calidad en la enseñanza pero escondía su verdadera intención, promover la competitividad entre centros y compañeros/as.
En este sentido, hay que señalar con rotundidad, que la “autonomía” sirve para adaptarse más fácilmente y con más rapidez a las nuevas demandas del mercado laboral, a la vez que legaliza el traspaso de responsabilidades de la Administración hacía el profesorado.
Una vez establecida esta autonomía, los resultados ya no son responsabilidad del sistema, ni de la Administración, sino del propio centro, es decir, de los docentes que trabajan. Esto exime el Estado de su obligación de suministrar los recursos necesarios y garantizar la calidad del servicio, y deja en manos de los "gestores educativos" la responsabilidad de dar una educación de calidad.
Pero, para poder justificar este traspaso de responsabilidades e implementar esta nueva autonomía es imprescindible la complicidad de las Direcciones de los centros, motivo por el cual se crea el nuevo cuerpo de directores – abolido, recordamos, entrada la democracia.
El Decreto de Direcciones dota los directores de más poder de decisión y propone un modelo que refuerza la autoridad y las funciones de estos para que puedan tomar decisiones en la organización y gestión de los centros públicos al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y de los consejos escolares. Es evidente que una gestión en qué las direcciones ejercerán funciones propias de la patronal, supondrá avanzar hacia un modelo autoritario que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la comunidad educativa y dificultará el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía de la valía y el buen funcionamiento de un centro educativo.
Y en esta misma línea aparecen las evaluaciones y los incentivos: como si de una empresa de automóviles se tratara, se propone "rentabilizar" la educación y por esto hace falta "incentivar" el profesorado en función del resultado de los y las alumnas. Dejando claro además que en última instancia también se pueden ofrecer cuadros de resultados a las familias por facilitar su elección de centro. Y es en este punto, donde se abre el debate sobre cuál es la función de la educación y qué serán estas competencias totalmente objetivables y cuantificables que se evaluarán. Debate que nos devuelve a la imposición de contenidos desde los Organismos Internacionales y a los famosos Informes PISA que evidentemente acaban orientando los currículos de forma indirecta y condicionan las metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Y llegó la crisis…
Pero llegados a este punto, y cuando parecía que ya no podíamos ir peor, llegó la gran crisis. O la tiranía de los mercados y las nuevas medidas antisociales y antilaborales con las que los gobiernos pretenden hacernos creer que saldremos de ésta. En educación esto quiere decir: recorte de presupuestos para el funcionamiento de los centros y por las nuevas construcciones – recordamos que hay centros que hace años que sobreviven entre barracones -, menos profesores por atender el número creciente de alumnado, más alumnos por aula y por lo tanto menos posibilidad de atender aquel alumnado con más dificultades, más precariedad laboral para el profesorado interino y sustituto, y una enorme y creciente recorte de las condiciones laborales de los docentes.
La crisis, pues, ha sido la excusa perfecta por acabar de completar las medidas neoliberales que hemos ido comentando: disminución de presupuestos públicos, más privatización, menos igualdad de oportunidades y peores condiciones laborales para el profesorado. En definitiva, unas políticas que fomentan el deterioro de la enseñanza pública.
Pero la cosa no acaba aquí, este año también hemos visto el asalto de las fundaciones privadas a la enseñanza pública. Así pues, y de una forma casi clandestina, la Consellera d’ensenyament ha firmado un convenio con la fundación privada “Empieza por Educar” permitiendo que ésta pueda hacerse cargo de la docencia directa en horario lectivo del alumnado de ESO que se encuentre en “condiciones desfavorecidas y con dificultados de aprendizaje” de los centros públicos.
Esto implica la entrada de un profesorado que no ha superado ninguno de los requisitos necesarios por trabajar de docente en el sistema público, a la vez que obre la puerta a la subcontratación por parte de fundaciones privadas. Hecho que permite que la Administración eluda su responsabilidad y no contrate los docentes imprescindibles para atender la diversidad, precarizando y extendiendo el paro entre el profesorado interino y sustituto.
Lo más perverso, de hecho, es que la Fundación “Empieza por Educar” se presenta como una entidad sin ánimo de lucro, estando directamente relacionada con la banca y la especulación financiera y no con la educación. Presidida por Patricia Botín y avalada por el banco de Santander, la Caixa y otras fundaciones y empresas atadas al mundo de las finanzas, sus ejecutivos cuentan con una gran experiencia en empresas de consulting, inversionistas y productos financieros (algunos de dudosa legalidad): desde Goldman Sachs, pasando por Coca-cola o Microsoft.
También es necesario recordar que la Fundación Empieza por Educar es una filial de la multinacional Teach for All que está extendida con diferentes nombres por 13 países del mundo, desde USA hasta la India, pasando por Latinoamérica. Y dónde participan bancos y empresas como JP Morgan, Morgan Stanley, el Deustche Bank......
En definitiva, un ataque directo a todos los principios de una educación pública, y un paso más hacia la privatización y el adoctrinamiento neoliberal que defienden. Ya no debemos hablar, pues, de la escuela al servicio de la empresa sino de la empresa dentro de la escuela.
Y ante esta situación, es fundamental analizar si la mayoría somos conscientes de la importancia que tiene el tipo de educación de la que nos dotamos. Una sociedad dividida, con guetos y exclusiones, una sociedad que no puede ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas, que no puede ofrecer una educación en valores positivos (de solidaridad en vez de individualismo y competitividad) está destinada a la inestabilidad, al fracaso y a la confrontación social.
Contra los recortes y la privatización: movilización
En estos últimos años, pero, también hemos constatado un sentimiento mayoritario de oposición a estas imposiciones y políticas educativas. Desde las múltiples huelgas de educación contra la LEC hasta la última Huelga General de este 29 de Marzo. Desde los carteles y pancartas reivindicativas que llenan la mayoría de centros públicos de Catalunya a la Asamblea groga, un movimiento de la comunidad educativa que lo está llenando todo de amarillo en la defensa de la enseñanza pública y su calidad. Desde los encierros de alumnos, profesores y padres en los centros públicos hasta la confluencia con la lucha de las universidades catalanas, haciendo que se visualice que el conflicto/la privatización se inicia desde el primer año de escolarización y se alarga hasta las enseñanzas superiores.
Sólo si conseguimos que el debate y la movilización traspasen los muros de las escuelas, y llegue a todos los sectores sociales, conseguiremos parar este ataque sin precedentes y continuar avanzando hacia una escuela pública, democrática, catalana, crítica y gratuita.
