La razón de ser de los poderes públicos deriva de su capacidad de
proteger a la sociedad en situaciones de urgencia como las actuales. Y
precisamente, los sistemas fiscales de base redistributiva fueron
pensados e implementados para hacer realidad lo que los valores
constitucionales proclamaban pero no aseguraban. Si esos valores ya no
sirven o son, como antes, meros enunciados declarativos, convendría
saberlo y cambiar las leyes.
Hace 50 años, en 1961, Luis García Berlanga (con guión por primera
vez de Rafael Azcona) rodó en Manresa y en algún lugar de Barcelona
(como la casa del cineasta, ya desaparecido, Antoni Ribas) la película Plácido. La idea de la película partió de una campaña ideada por el régimen franquista en los años cincuenta que, bajo el lema Siente un pobre a su mesa,
quería promover, “en fechas tan señaladas”, un sentimiento de caridad
cristiana hacia los más necesitados. Berlanga trata de demostrar en el filme
que lo que de verdad pretendía la campaña navideña era jugar con el
sentimiento de culpabilidad de los más pudientes y limpiar sus
conciencias. Como algunos quizá recuerdan, la película muestra la
subasta caritativa de la empresa Ollas Cocinex (al estilo de los
telemaratones), que implica que las familias acomodadas inviten a un
indigente a la cena de Nochebuena.
Lo que resulta más sorprendente es que la lógica de la campaña que quiso denunciar Berlanga con Plácido vuelva a estar ahora de rabiosa actualidad.
La penosa situación de las arcas públicas y el más que evidente
impacto de ello en las políticas sociales están volviendo a situar en
primer plano la caridad y la compasión como grandes asideros en los que
apoyar la frágil cohesión social. Las cifras disponibles muestran un
impacto muy profundo de la crisis en los sectores sociales más
vulnerables. Según datos del Instituto Catalán de Estadística (Idescat),
son ya 200.000 los hogares en Cataluña en los que ninguno de sus
miembros trabajaba. Si en el año 2008 los residentes en Cataluña de
hasta 17 años que vivían en uno de esos hogares eran el 5,8%, a finales
de 2010 ya eran el 11,2%.
Las transferencias sociales, sobre todo las pensiones, consiguen
reducir significativamente la tasa de riesgo, de vulnerabilidad y de
pobreza. Y lo más importante como evolución, la desigualdad en la
distribución personal de la renta, siempre según el Idescat, ha
aumentado en Cataluña del 4,8% al 5,8% en el periodo 2008-2010, mientras
que en la zona euro el cambio ha sido del 4,8% en 2008 al 4,9% el 2010.
¿Se arregla ello con caridad, piedad y compasión?, ¿se arregla con
telemaratones o campañas ocasionales de solidaridad?
No nos confundamos. Soy totalmente partidario de impulsar y promover
la solidaridad social organizada y las dinámicas que buscan reforzar la
capacidad de respuesta comunitaria en los temas sociales, y no creo en
absoluto que la solución a los problemas actuales pase por incrementar y
extender la intervención de los poderes públicos en cualquier aspecto
de la convivencia social. Pero no me parece de recibo que mientras se
ataca a los que reciben ayudas sociales, acusándolos de fraude, se
lancen campañas en las que se trata de responsabilizar al conjunto de la
ciudadanía de problemas que constitucionalmente deberían ser
prioritarios en la acción compensatoria y proactiva de los poderes
públicos.
La razón de ser de los poderes públicos deriva de su capacidad de
proteger a la sociedad en situaciones de urgencia como las actuales. Y
precisamente, los sistemas fiscales de base redistributiva fueron
pensados e implementados para hacer realidad lo que los valores
constitucionales proclamaban pero no aseguraban. Si esos valores ya no
sirven o son, como antes, meros enunciados declarativos, convendría
saberlo y cambiar las leyes.
Plácido vuelve a estar de actualidad, en la medida en que la
lógica del “conservadurismo compasivo” gana adeptos entre quienes
prefieren preservar lo que tienen a seguir repartiendo mediante los
resortes que nuestras constituciones, estatutos y leyes venían
proclamando. No es lo mismo recibir la ayuda circunstancial fruto de la
encomiable solidaridad de unos u otros, que tener derecho a una
prestación si se entra en una situación de carencia o de riesgo prevista
normativamente. Al final, lo que está en juego es la dignidad de las
personas. Un ciudadano con derechos no es lo mismo que un menesteroso
que recibe caridad de forma discrecional.
