Todos sabemos que los recortes supondrán una merma en la calidad de los servicios públicos.
La decadencia de la educación pública supondrá un aumento del
abandono escolar y una pérdida de la cualificación profesional media, lo
que conlleva más paro, subempleo y precariedad, y la imposibilidad de
salir de una estructura económica de servicios con un mercado laboral
dual. En estos momento la diferencia entre un salario medio y alto en
Madrid es la más alta de todas las comunidades autónomas.
La decadencia de la sanidad pública supondrá una mayor incidencia de
enfermedades debido a la desatención en términos cualitativos y a la
pérdida de calidad del sistema en su conjunto. Esto hará más injusto el
actual reparto de las tareas de cuidado, provocando una mayor carga
para las mujeres y cuidadores en general. Y supondrá que que el sistema
público deje de ser un derecho, para convertirse en una especie de
recurso asistencial cuyo objetivo no será la mejora de la calidad de
vida de toda la sociedad.
Pero el efecto de los recortes será más o menos acusado dependiendo de la clase social a la que se pertenece.
Para los que no puedan cambiarse al sistema de pago, las
consecuencias son claras: pérdida de calidad en la educación y la
sanidad por la masificación y falta de recursos. Este sector, si sumamos
hipotecados, parados o precarios, migrantes, ancianos y enfermos
crónicos o graves (cuyos tratamientos no serían asumidos por empresas
debido a su coste), sin duda representa un importante porcentaje de la
sociedad.
Para los que hoy pueden cambiarse: la desaparición de un sistema
público de calidad, hará que aumenten los precios de los concertados y
seguros de salud, tal y como pasa en EEUU (sin competencia y con aumento
de demanda, suben los precios en el «libre mercado»). El efecto será el
endeudamiento y/o la «caída» en la pirámide social. Pagar por educación
o sanidad, si no es al nivel de la élite, tampoco asegura una mejor
educación (véase los resultados de PISA o selectividad) ni garantía
frente a todas las enfermedades (los seguros «medios» no cubren los
tratamientos más caros).
Entonces, ¿por qué se recorta en sanidad y educación?
Si estamos de acuerdo en que los recortes no son una buena decisión
en términos económicos, ni sociales, porque los sistemas privados son
más caros y profundizan la división social; porque una sociedad clasista
en la que grupos numerosos dejan de tener expectativas y acceso a
cierta calidad de vida aumenta las posibilidades de fragmentación y
violencia. Y sabiendo que Aguirre, Fígar y Lasquetty no son tontos, se
hace imprescindible preguntarse: ¿A quién no afectan estos recortes? ¿A
quién le interesan?
Un primer grupo son los que tienen suficiente patrimonio como para
que no les afecte una subida de precios de la sanidad y la educación.
Este sector es muy pequeño en la sociedad.
Un segundo grupo son los que gestionan empresas de servicios de educación y sanidad: la Iglesia, las constructoras
(que ya gestionan los nuevos hospitales) y las multinacionales del
sector. Al enriquecimiento que les supondría el aumento de demanda de
sanidad y educación, hay que sumarle la progresiva externalización de
los servicios públicos. Es decir, podría darse el panorama de que la
misma empresa gestionara con fondos públicos un centro de salud para
pobres, mediante seguros privados un centro de salud para clase media y,
mediante pago por factura, servicios para muy ricos. O que en el mismo
centro de salud (como ya ocurre en Catalunya), según si vas por la
pública o tienes seguro, el médico te vea antes o después. Un buen
negocio, dado que la salud es algo imprescindible.
Los recortes, por lo tanto, no sólo reducen la calidad educativa y
los servicios de salud para la mayoría, sino que favorecen el
enriquecimiento de unos pocos a costa del bienestar, la riqueza y la
cohesión de la sociedad. Estamos a tiempo de evitarlo.
