Joaquim Sempere
Cuando el movimiento del
15-M se pregunta ¿qué hacer de ahora en adelante?, es oportuno que se
aplique a sí mismo un precepto aplicable a toda persona civilmente
activa: la acción civil no se hace para uno mismo, sino para la
ciudadanía en general. Así, nadie posee en exclusiva el derecho a
reclamar la renovación democrática de la política, y hay que convocar a
quienes tengan algo que decir al respecto.
A mi parecer es preciso
formular los objetivos del movimiento de la mejor manera posible. Los
indignados —
que
tienen el mérito indiscutible de haber sacudido la opinión pública y de
haber revelado los enormes agujeros de nuestra vida civil—
tienen la autoridad moral necesaria para convocar a quienes tengan algo
que decir. Los indignados tienen esa autoridad moral, pero no han
aparecido desde la nada. Han emergido de una sociedad donde cientos y
miles de activistas variopintos llevaban años denunciado injusticias y
abusos, a veces desde el mero voluntarismo ciudadano y a veces, también,
desde una formación técnica, jurídica, política, económica, histórica,
etc. Estos activistas aprovecharon o crearon estructuras varias con las
cuales y desde las cuales han mantenido un tejido sociopolítico más o
menos denso que ha venido resistiendo a las embestidas de los poderes,
denunciándolas y a veces luchando activamente contra ellas.
Me refiero a sectores
del movimiento vecinal y el movimiento obrero, de las organizaciones
ecologistas y pacifistas, de los observatorios (de la deuda externa, de
los derechos humanos, de la sostenibilidad, etc.), a grupos múltiples
movilizados por múltiples causas justas, a ciudadanas y ciudadanos que
actúan por su cuenta efectuando una labor capilar de educación política,
social e ideológica, como profesores, abogados y profesionales o simples
activistas, publicando artículos, organizando actividades culturales y
políticas en ateneos y centros de barrio. Éste es un activo esencial de
personas que ni por activa ni por pasiva pueden ser consideradas
cómplices de un orden injusto que, en general, se han dedicado a
combatir.
Habría que juntar a
“indignados” del 15-M con gente de esta galaxia social y política
para que, juntos, elaboren una plataforma común y compartida de ideas
alternativas que den respuesta a los problemas denunciados, plataforma
que no tiene por qué aspirar a ser definitiva. La indignación, vieja y
nueva, versa sobre muchos temas, y se necesitará encontrar respuestas
para empezar a avanzar. Sólo avanzando, aunque sea fragmentariamente y
con soluciones parciales o provisionales, se podrá incidir sobre una
realidad a la que es difícil hincar el diente. En esta línea, propongo
la celebración de una Convención para la Renovación Democrática, en la
línea de lo que en Francia llaman “Estados generales”: un encuentro en
el que poner en común soluciones y propuestas que puedan ser compartidas
por amplios sectores de la población, esos sectores que en las encuestas
muestran por el movimiento del 15-M niveles de simpatía que oscilan
entre el 60 y el 80% de la población total. Esta simpatía tan amplia es
una riqueza del movimiento que éste no debería dilapidar. La enorme
responsabilidad que esto implica exige estar a la altura de las
circunstancias.
El movimiento
altermundialista, cuya dinámica se ha comparado con la movilización de
los indignados, muestra un modelo organizativo en el que
inspirarse. Y, de paso, una experiencia de la cual sacar lecciones
prácticas para mejorar resultados y evitar errores. Inmediatamente
habría que dotarse de un núcleo coordinador que marcara ámbitos de
trabajo, fijara fechas, buscara espacios físicos donde reunirse la
Convención y estableciera normas de funcionamiento. Las webs y
publicaciones digitales de que el movimiento se ha dotado serían de una
ayuda inestimable para coordinarse, trabajar en red y difundir ideas. Un
encuentro de estas características contribuiría a precisar ideas, a
definir modos de trabajo, a resolver interrogantes sobre las posibles
maneras de influir en una realidad que no nos gusta.
Entiendo que es
importante la afirmación de principios generales, como algunos que ya se
han formulado, del tipo: “La economía ha de estar al servicio de las
personas y no al revés”; “Los derechos sociales deben preservarse porque
son el patrimonio de la inmensa mayoría de la sociedad (frente a los
derechos minoritarios asociados a la gran propiedad)”; etc. Son el
fundamento filosófico de la movida, y deben ser proclamados con el mayor
énfasis posible.
A la vez, no obstante,
hay que identificar, discutir, elaborar y calificar técnicamente las
propuestas concretas de acción. Ahí entrarían temas como la dación en
pago de las hipotecas, el endurecimiento de las penas contra el fraude
fiscal, la reforma de las leyes electorales (incluida la regulación del
referéndum), la exclusión de los corruptos de la vida política
(empezando por las listas electorales), el sufragio revocatorio de los
cargos electos y una multitud de propuestas posibles que se abren
camino, o pueden hacerlo, si se crea un marco de debate adecuado. Cabría
pensar en un trabajo de lobby sobre los representantes electos
para hacerles llegar propuestas y presiones morales desde el movimiento,
para evitar que las únicas presiones que reciban sean las del poder
económico. En temas que exigen una acción internacional (como la
prohibición de los paraísos fiscales, la homologación fiscal en todos
los países de la UE o la tasa Tobin), habría que pensar en coordinarse
con movimientos de otros países para ejercer presión sobre los
europarlamentarios.
El camino es largo, las
posibilidades muchas y las fuerzas dispersas. Por eso hay que encontrar
vías de trabajo que resulten eficaces.
