Este artículo muestra que el estado español tiene un impacto redistributivo muy limitado lo cual se debe al escaso gasto público social y a la limitada progresividad de las políticas fiscales. El artículo también critica las últimas declaraciones del Ministro de Industria, Miguel Sebastián, que ha subrayado que “los impuestos no están para redistribuir riqueza sino para obtener ingresos”, señalando que esta actitud, traducido en las políticas fiscales llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos españoles, es la causa de que España sea el país de la UE-15 cuyo estado sea el menos corrector de las desigualdades sociales, las más altas de la UE-15.
En una entrevista que el diario Público (29.09.09) le hizo al Ministro de Industria del gobierno socialista español, Miguel Sebastián, éste hizo la sorprendente declaración (en un ministro de un gobierno socialista) de que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos”. En el resto de la entrevista Miguel Sebastián acentúa que es a nivel del gasto público que debe realizarse la redistribución de recursos, no a nivel de los ingresos del estado. En la misma entrevista señaló que es objetivo del gobierno socialista conseguir que la carga fiscal sea en España, al final de su mandato, menor que la existente al final del mandato del gobierno conservador anterior. Puesto que, según señala el diario, Miguel Sebastián, aunque no es el Ministro de Economía, es una persona muy influyente en materias económicas y fiscales en la Moncloa, es importante que se analicen estas declaraciones, contrastándolas con la experiencia de la tradición socialdemócrata en Europa.
Ha sido un principio básico en tal tradición socialdemócrata, en el siglo XX (en sus distintas sensibilidades), promover un proyecto político en el que la redistribución de los recursos siguiera aquel principio, básico del socialismo, de que “a cada uno según su necesidad y de cada uno según su habilidad”. Según éste principio el objetivo último, guía del proyecto, era que los recursos de la sociedad se distribuyesen según las necesidades de cada ciudadano, financiados por fondos aportados de la ciudadanía, según los recursos también de cada ciudadano. Es interesante subrayar que en las escasas ocasiones en que se le ha preguntado a la ciudadanía si está o no de acuerdo con este principio, la mayoría de la población ha respondido que no sólo está de acuerdo, sino que facilitaría el desarrollo de una sociedad basada en estos principios. Le sorprenderá al lector saber que la última encuesta realizada en EE.UU. en la que se hizo tal pregunta (Public Citizen, “People’s attitudes”, 2006), el porcentaje de la población que apoyaba tal principio era mayoritario, porcentaje que alcanzaba cifras incluso superiores cuando se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que tal principio dirigiera la distribución de recursos en áreas como sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y otros servicios, que la población consideraba esenciales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No se ha hecho una encuesta semejante en España, pero no me extrañaría que los resultados fueran semejantes. Es probable que incluso amplios sectores del electorado del PP estuvieran de acuerdo.
Según Miguel Sebastián este principio, sin embargo, no debiera regir las políticas del gobierno socialista español. Indica que la redistribución de recursos debiera realizarse a través de la distribución de recursos públicos, pero no a través de los ingresos al Estado. En otras palabras aquel principio que ha guiado la tradición socialista se cortaría por la mitad, y se limitaría a subrayar que tenemos que dar “a cada uno según su necesidad”, sin aclarar de donde vengan tales recursos.
Tal postura implica, en la práctica, el abandono de la posibilidad de redistribuir los recursos de nuestras sociedades de unas clases sociales a otras, de manera que los que tienen más pagan más, y los que necesitan más reciban más. Una de las grandes conquistas de las fuerzas progresistas en el mundo capitalista desarrollado ha sido precisamente la aplicación de aquel principio socialista. Un indicador de ello es la manera de financiar el estado del bienestar en la mayoría de países avanzados. Las clases de rentas superiores pagan (en términos absolutos y proporcionales) más impuestos que las clases populares, impuestos que sirven para financiar las transferencias y servicios públicos del estado del bienestar, que beneficia primordialmente a las clases populares. La hostilidad del pensamiento liberal (la ideología de las clases de rentas superiores) al estado del bienestar se basa precisamente en el efecto redistributivo del estado del bienestar. Si tales transferencias y servicios fueran financiados por las mismas clases populares en los mismos porcentajes en que lo utilizan, se perdería el impacto de la redistribución. De ahí que la experiencia muestra que los países que tienen estados de bienestar más desarrollados (los países escandinavos de tradición socialdemócrata) tengan la fiscalidad más progresiva y gocen de menores desigualdades sociales.
No es sólo en el capítulo de gasto, sino también en el capítulo de ingresos al estado donde se realiza la redistribución de recursos. De ahí que abandonar la progresividad en la política fiscal sea, en la práctica, abandonar la política redistributiva. Y España es un ejemplo de ello.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
El estado español es uno de los estados de la UE-15 cuyas políticas públicas tienen menor impacto redistributivo. El nivel de pobreza, por ejemplo, se reduce sólo cuatro puntos a través de las intervenciones del estado. El porcentaje de la población pobre, 24% disminuye sólo a 20%, después de que intervenga el estado (a través de sus políticas fiscales y gasto público). En comparación, Suecia pasa de 29% a 12%, con una disminución de 17 puntos. Y las causas de las limitada redistribución en España se debe a la escasa progresividad en la política fiscal (de las menos progresivas en la UE) y al escaso gasto público social (el más bajo de la UE-15). España es, antes y después de la intervención pública, uno de los países más desiguales existentes en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Y esta enorme desigualdad se basa en gran parte en la escasa progresividad fiscal. Como dijo el Presidente Aznar en su día, “los ricos no pagan impuestos en España”. El fraude fiscal (entre los ricos) es el más alto de la UE-15, y su contribución al estado está entre las más bajas de tal comunidad (independientemente de lo que digan los tramos, que son fácilmente diluidos a través de las exenciones). Ello explica que, mientras el nivel de riqueza del país (medido por el PIB per cápita) sea ya el 94% del promedio de los países de la UE-15, su gasto público social sea sólo un 72%. El país, tiene los recursos para tener un estado del bienestar más avanzado y desarrollado que el que tenemos (el tiempo promedio de visita a la atención primaria sanitaria continua siendo el más corto de la UE-15). Pero el problema está en que el estado no recoge tales recursos, lo cual quiere decir que su política fiscal es insuficiente y regresiva, pues la mayoría de recursos está en los estamentos sociales de rentas superiores.
Lo cual me lleva a la última observación. El presupuesto propuesto por el gobierno socialista ha desaprovechado la posibilidad de hacer una reforma fiscal progresiva pues, a pesar del discurso de oponerse a los “poderosos”, se ha acomodado fácilmente a ellos. Las reformas fiscales continúan diluyendo la escasa progresividad del sistema fiscal español y el limitadísimo impacto redistributivo del estado. El estado español ha llevado a la práctica el principio anunciado por Miguel Sebastián, que acentúa que la política fiscal no tiene como objetivo el redistribuir recursos. Tales prácticas diluyen la identidad socialista del gobierno hasta el punto de correr el riesgo de perderla. Sería una lástima si ello ocurriera pero el gobierno debiera ser consciente de que con tales políticas está alentando una gran frustración y distanciamiento entre amplias bases de su electorado en las clases populares. De ahí que tal desatención al impacto redistributivo del estado no es sólo un síntoma de dilución del compromiso socialdemócrata, sino también una nota de escasa inteligencia política electoral. Todas las encuestas publicadas en España señalan que la mayoría de la ciudadanía cree que el estado tendría que disminuir las enormes desigualdades existentes en nuestro país y la política fiscal es una manera de hacerlo.
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