El pasado miércoles se aprobó en el Parlamento la Llei d'Educació de Catalunya con los votos a favor de PSC, CIU, ERC e ICV-EUiA -que votó en contra de algunos títulos.
La ley ha unido los sindicatos de docentes y alumnado en una oposición frontal a una ley que aseguran que "no aporta ninguna mejora a nuestro sistema educativo" y que representa el principio del fin del modelo de escuela pública integradora, cohesionada, laica y de calidad (casi nada).
Huyendo de interpretaciones ingenuas, la LEC, efectivamente, no resuelve los problemas que hoy padece la enseñanza pública, al contrario, avanza hacia la privatización y la organización empresarial de los centros públicos.
La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) supone la apertura de vías para avanzar en el camino de la privatización de sectores de la enseñanza pública como el tramo educativo de 0-3 años, la formación profesional, el bachillerato nocturno, la formación de personas adultas, centros educativos en zonas desfavorecidas y otros, como los servicios educativos, las actividades extraescolares ...
Además , hace posible la consolidación y, incluso el incremento, del trasvase de dinero público hacia las patronales de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente religiosas, ya que mantiene las condiciones que permiten a dichas patronales continuar seleccionando la alumnado por su nivel económico y por el origen cultural y social en los procesos de matriculación . Prioriza la oferta educativa del sector privado y confiere a la enseñanza pública un carácter subsidiario , a la vez que refuerza la ideología de dichos centros privados. En definitiva, consolida el poder de las patronales, agrava la posterior división social del trabajo en función del tipo de escuela y favorece el fortalecimiento de la enseñanza confesional.
Su apuesta por la municipalización de la enseñanza pública, a través de consorcios y/o fórmulas equivalentes, y la creación de centros municipales, supondrá una dispersión y un desmembramiento de la enseñanza pública que lo pueden condenar a un lento proceso de privatización, así como también a la desestructuración organizativa y en la aplicación de las políticas educativas, curriculares y lingüísticas.
La Ley otorga también a los centros educativos un carácter empresarial y comercial, ya que les permite completar la financiación pública con la obtención de recursos económicos propios mediante donaciones y venta de productos, hasta la posibilidad de endeudamiento. Una práctica que agravará las diferencias entre centros según su entorno social y territorial.
En este sentido , plantea un modelo de gestión en los centros públicos de tipo gerencial, jerarquizado y autoritario, totalmente opuesto a la gestión democrática , que reducirá el papel de las estructuras de participación y gobierno del profesorado y de las familias (claustros y consejos escolares) a formar parte del decorado, al tiempo que desregulizará las actuales condiciones de trabajo del profesorado, agravará la precariedad laboral de sectores del profesorado y individualiza las relaciones laborales .
La propuesta que hace de inversión pública en educación, además de ser del todo insuficiente, no prioriza en absoluto la inversión en la enseñanza pública, lo que agravará los problemas de masificación en las aulas, de falta de profesorado para atender la diversidad del alumnado y de falta de instalaciones, que sufren actualmente los centros públicos.
En definitiva , las medidas que propone la ley tienden a mercantilizar la educación en nuestro país , priorizan unas condiciones que agravan la desigualdad entre los centros y entre el alumnado y suponen un ataque a la enseñanza pública , que es el único que puede garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación pública , laica y de calidad para todos, sea cual sea su nivel social , económico y cultural .
