Irene de la Cuerda | Rojo i Negro. Los Tratados de Libre Comercio e Inversión se están negociando de manera opaca, y la aprobación de cualquiera de ellos tendría consecuencias catastróficas e irreversibles para las clases trabajadoras y la ciudadanía europea.
En el marco de la ofensiva de las élites políticas y económicas que componen el neoliberalismo, brazo armado de las transnacionales, se encuentra de manera destacada la mercantilización de los bienes comunes, (educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, agua, energía, transporte, etc.).
La aspiración neoliberal de adelgazamiento del Estado para que se convierta exclusivamente en un órgano coercitivo a su servicio y en protector de sus beneficios, financiando sus riesgos, se pone en marcha prácticamente desde la constitución de la UE, pero es en los años 90, con la promulgación en Europa de la directiva Bolkestein (Directiva de Servicios) y a nivel global de la propuesta presentada dentro de la OMC del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que plantea la liberalización de los mismos, cuando toma cuerpo y se acelera el programa de expolio de los bienes comunes.
Para la consecución de estos objetivos, el neoliberalismo del siglo XXI pone en marcha los llamados Tratados de Libre Comercio e Inversión de última generación (CETA, TTIP, TISA, TPP, etc.), como las herramientas necesarias para la desposesión de los pueblos y la optimización de sus beneficios, dotándose de estas superestructuras a través de las cuales el interés general queda subordinado al lucro de las transnacionales.
El peligro para los bienes comunes está contenido en cualquiera de los TLC que se están negociando en este momento, TTIP-TISA y en el texto consolidado del CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio, Canadá-UE), cuya negociación acabó en septiembre de 2014 y está pendiente de ser ratificado por los gobiernos en Europa y Canadá. Pero son el CETA y el TISA los más peligrosos. El TISA es un tratado muy dañino en cuanto a la liberalización y desregularización de los servicios públicos al ser un tratado específicamente de Comercio de Servicios, como hemos podido saber por las filtraciones de Wikileaks sobre el mismo. Este tratado (también el CETA) lleva en su texto una claúsula llamada de Trinquete, esa cláusula bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestión pública cualquiera de los servicios anteriormente privatizados, lo que impediría a futuros gobiernos elegidos democráticamente recuperar para la gestión pública el agua, la sanidad, la educación, etc., su competencia debe estar siempre orientada al mercado y a la gestión privada.
En el texto consolidado del CETA se propone una lista negativa en la que se explicita cuáles van a ser las excepciones que se excluyen de salir al mercado, estos son los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”. Pero para estar cualificado para dicha excepción, el servicio no tiene que ser realizado “sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, hoy en día, prácticamente todas las empresas privadas dedicadas a los sectores públicos tradicionales coexisten con los proveedores públicos, lo que genera a menudo una fuerte competencia entre estos dos, lo cual nos lleva a pensar que solo servicios como el judicial o el de orden público o el Banco Central estarán libres de la privatización.
A partir de esta lista negativa no es difícil deducir que prácticamente ningún servicio público se libra de poder ser privatizado. Basta recordar cómo en las prisiones españolas, la seguridad privada ha sustituido a las fuerzas de seguridad del Estado, en un ámbito donde es el Estado el que tiene la responsabilidad de gestionar y proveer las infraestructuras necesarias.
Con la excusa de la crisis financiera global, provocada por la especulación brutal y descontrolada de las entidades financieras, aduciendo la necesidad de reducir el déficit público, el poder neoliberal ahonda la tendencia seguida en los últimos años, reduciendo y descapitalizando el sistema público de pensiones, con el fin de potenciar los planes de pensiones privados, igualmente se reducen drásticamente las partidas presupuestarias en educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, etc., con el claro objetivo de derivar estos recursos hacia la gestión privada socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, introduciendo las reglas del mercado en la gestión de los bienes comunes con el eufemismo de la “externalización de servicios” o “colaboración público-privada”.
Los Tratados de Libre Comercio e Inversión que se están negociando de manera opaca, tienen que ser tratados con una visión global puesto que sirven a los mismos fines, y la aprobación de cualquiera de ellos tendría consecuencias catastróficas e irreversibles para las clases trabajadoras y la ciudadanía europea. Estos tratados van más allá de la simple relación comercial, ya que proporcionan a las transnacionales derechos de tipo constitucional y prohíben la actuación de los gobiernos a la hora de implementar políticas sociales y de protección a las personas trabajadoras y a la ciudadanía. Los tribunales de arbitraje y de resolución de diferencias inversor-Estado eliminan la tutela legal efectiva de los tribunales nacionales y son vinculantes para los futuros gobiernos, que deberían pagar enormes indemnizaciones multimillonarias en caso de querer salir de ellos. Las consecuencias para los servicios públicos, que protegen a la parte más débil de la sociedad, podrían ser dramáticas si el CETA, que es la amenaza más inminente porque podría ser ratificado en octubre y entrar en vigor a finales de este año 2016, o el TISA se firmaran.
En el texto consolidado del CETA, se establece que los servicios públicos deberán ser fijados “al más alto nivel de liberalización”. De esta manera, los servicios públicos ya privatizados serán difícilmente reversibles, aún cuando se exigiera por la mayoría de la población. Además, a través del CETA, todos los contratos y servicios públicos abiertos a empresas privadas en la UE y que deben ser anunciados en toda Europa estarían también abiertos a empresas canadienses. La contratación pública estaría aún más sujeta a una lógica competitiva y de mercado. El fomento de la economía local o la contratación socioecológica o de la economía social tendrían pocas oportunidades de competir y se haría imposible su desarrollo.
El TTIP y el CETA se encuentran bajo la influencia de las presiones empresariales, los lobbies que funcionan en el área de los servicios y que han sido conformados durante las últimas décadas en conversaciones comerciales anteriores, como el grupo de presión empresarial más fuerte de la UE, Business Europe, y el Foro Europeo de Servicios, un grupo de presión creado para coordinar al conjunto de las asociaciones empresariales y a las principales empresas como British Telecommunications y Deutsche Bank. La relación entre la industria y la Comisión Europea es recíproca, y la Comisión estimula de forma activa las actividades de presión de los lobbies.
Estos grupos de presión han conseguido un gran éxito al conseguir convertir el CETA en el primer acuerdo de la UE, con el texto ya cerrado, que contiene una claúsula de “lista negativa”, en lo que se refiere a servicios, lo que supone que todos los servicios son susceptibles de ser liberalizados, salvo que se explicite su exención.
Con esta lista, se abandonan radicalmente las listas positivas que era la norma utilizada hasta ahora en los acuerdos comerciales de la UE y que solo incluyen aquellos servicios que los gobiernos han acordado liberalizar, dejando intactos otros.
Las diferentes reservas y exenciones en el CETA y el TTIP son inadecuadas para proteger de manera eficaz al sector público, así como a la toma de decisiones democráticas respecto a la manera en que se organizan, convirtiendo a las regulaciones de los sectores de servicios públicos críticos, como son la educación, el agua, la salud, el bienestar social y las pensiones, en objeto de todo tipo de ataques por parte de los inversores. Las grandes empresas han logrado con éxito presionar en contra de la exclusión de los servicios públicos en el CETA y el TTIP, ya que ambos acuerdos se aplican prácticamente a todos los servicios.
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