La doble legitimidad


El movimiento 15M ha puesto sobre la mesa la necesidad del debate político. En asambleas multitudinarias, este movimiento ha puesto de manifiesto las deficiencias de la democracia representativa y al grito de “democracia real ya” o “dicen que es democracia pero no lo es” ha movilizado a miles de jóvenes y ha concitado las simpatías de millones de personas (las encuestas de opinión hablan de cerca de un 80% de simpatizantes con sus peticiones)  
Estas críticas de carácter político son producto de la denuncia de una clase política (derechas o izquierdas) que se ha arrodillado frente a unas minorías poderosas, los famosos mercados, que imponen a los gobiernos medidas de política económica que están suponiendo recortes de derechos sociales y el sufrimiento de miles y miles de familias lanzadas al paro forzoso. El movimiento se pregunta, por tanto, qué tipo de democracia es esta en donde los poderes elegidos por la ciudadanía no son los que en definitiva toman las decisiones sobre asuntos fundamentales que les afectan tan directamente; dónde reside en realidad la soberanía, en los ciudadanos o en las minorías no elegidas que controlan el poder financiero. Se exige no sólo la democracia política real (gobierno del pueblo) sino también la democracia económica (dardo lanzado contra el elemento esencial del sistema de mercado: la propiedad privada como factor sacrosanto) 
 Sin embargo es evidente que esta clase política ha sido elegida por la ciudadanía mediante el sufragio universal en elecciones generales realizadas en condiciones aparentes de libertad de expresión y de información. Esta clase política contrapone a estos jóvenes del 15M su legitimidad legal: han sido elegidos y además por millones de ciudadanos que fueron a votar libremente. En democracia esta legitimidad legal es la única válida, sobre todo, frente a una amalgama de ciudadanos reunidos en plazas que sólo se representan a ellos y que sólo alcanzan la participación de unos cuantos miles de personas en sus asambleas. ¿Qué es eso frente a los millones que les han votado a ellos? ¿Cómo se atreven a proponerse como una representación alternativa frente al Parlamento, sede de la soberanía nacional?
Esta crítica podría parecer cierta desde la lógica del propio sistema democrático-liberal. Pero ni siquiera desde esta lógica es cierta.
  1. ¿Todos los ciudadanos partimos de condiciones de igualdad a la hora de participar en las elecciones? No. Una campaña necesita de grande sumas de dinero que permitan hacer llegar tus propuestas a toda la ciudadanía. Esto no está al alcance de cualquiera y ya vemos cómo una de las hipotecas de los partidos del sistema es su endeudamiento con los bancos que les prestan millones de euros para las campañas electorales cada vez más costosas, o la dependencia de donaciones anónimas de grupos de presion empresariales. Estas donanciones o préstamos no se realizan sin contrapartidas y terminan determinando las políticas de los partidos de gobierno al margen de sus propios programas electorales.

  2. Otra condición de la democracia es la información. No existe democracia sin una ciudadanía bien informada. Esta información llega a través de los grandes medios de prensa, radio o televisión. Estos medios son propiedad de grandes grupos empresariales y la libertad de los periodistas queda enmarcada en la aceptación de los elementos básicos del sistema de mercado. Cualquier grupo de ciudadanos con una visión diferente de la sociedad ve cercenado su acceso constante a estos medios, e intentar crear uno propio es imposible por el enorme capital que es necesario para ponerlos en marcha, condición alejada del común de los mortales.

  3. Otro elemento de déficit de las democracias occidentales reside en los mecanismos de ingeniería electoral que permite consensuar sistemas electorales en función de las necesidades de la oligarquía política dominante. Ya sea a través de listas cerradas, de sistemas electorales no proporcionales a la población, la fijación de un número de diputados por territorios que tiende a favorecer a las fuerzas conservadoras, etc. se condiciona la voluntad de la ciudadanía, se fomenta la docilidad de los diputados a la jerarquía del partido, deja de tener sentido la relación entre el diputado y sus electores, etc. 

  4. La democracia se entiende por la casta política cómo una mera formalidad en la que con la introducción del voto ya se ha cumplido. Hemos elegido a los “entendidos” y todo debe dejarse en sus manos. Sólo tenemos derecho a elegir a nuestros pastores, nosostros, durante cuatro años, sólo debemos observar y si no nos gusta lo que vemos, dentro de cuatro años optamos por otro grupo de pastores. Entienden la democracia de una manera tan reduccionista que no dejan campo al necesario control de la ciudadanía sobre las decisiones de los políticos. 

  5. Tampoco se sostiene este sistema desde la propia formalidad democrática liberal cuando los gobiernos elegidos no pueden cumplir sus programas, o elaboran sus programas ya directamente, por la presión de grupos financieros que, en un mundo globalizado y sin controles políticos, imponen condiciones a esos mismos gobiernos si no quieren verse amenzados de un “sabotaje económico” que puede conducir al país a la bancarrota y la quiebra. El sistema vive bajo el chantaje constante de estas minorías que son las que en realidad tienen el poder.
Ante todo esto, la juventud ha dicho basta. La crisis le ha abierto los ojos y ha comprobado cómo el desastre económico provocado por la codicia y la avaricia de la banca internacional la está pagando la ciudadanía, que aquellos que nos han conducido al desastre no sólo no han sido condenados por la justicia, no sólo no han rectificado su comportamiento, sino que además nos dice que la única manera de salir de la crisis es con las mismas medidas que nos condujeron a ella... Y esto es lo que ha provocado la indignación: el intento de tratarnos como débiles mentales en la confianza de que no pasa nada, que la resignación y el fatalismo se ha instalado en nuestras conciencias y que no se produciría ninguna reacción... Nos han tratado como a tontos. Y esto ya no se ha podido soportar. Miles han salido a la calle, no son la mayoría, es cierto. La gente ha seguido votando y lo hará en el futuro. Pero los jóvenes reunidos en las asambleas y acampadas, aunque no tienen la legitimidad legal, sí que tienen la legitimidad que les da la lucha por la dignidad, la legitimidad de la justicia de sus peticiones. No siempre lo legal es legítimo, y por eso debe ser cuestionada. Y en esta ocasión el movimiento 15M, que cuestiona la legalidad política y económica tiene razón. El avance de las sociedades se ha hecho siempre cuestionando la legalidad vigente cuando choca con la justicia y entonces la legalidad ha de romperse y crear una nueva. Cómo hacerlo es ya motivo de otro comentario. 

Badalona, 15 de junio de 2011

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Comentaris