Rafael Lara | La Voz del Sur. El pasado 28 de julio el pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó, con los votos de la oposición, una propuesta para la resolución de las alegaciones y consecuente aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana de Cádiz. Por su parte la Federación de AAVV 5 de abril se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz en el mismo sentido, amén de numerosos requerimientos públicos al equipo de gobierno.
Con toda la modestia del mundo, creo que se equivocan en esta línea de imponer con la fuerza de los votos de la oposición un reglamento de parte que no tiene en cuenta la diversidad y complejidad social de nuestra ciudad y que ignora aspectos sustantivos inherentes e indispensables para una participación ciudadana abarcadora y articulada.
Unos, los partidos políticos, actúan utilizando este tema -como tantos otros- como instrumento de desgaste político, descalificando entre insultos y sin pudor a buena parte del movimiento asociativo gaditano. Y por tanto ignorando, más allá del cortoplacismo, las necesidades democráticas reales y la necesaria apuesta de futuro por una sociedad involucrada en la gestión de la cosa pública y en la solución de los problemas de nuestra ciudad.
Y, con todo el cariño del mundo y reconocimiento a su labor y a su historia, modestamente creo que también se equivocan las AAVV con este enroque en querer imponer “su” reglamento, rechazando el consenso y el dialogo con el resto de los colectivos locales -y el gobierno municipal- para buscar una solución al estado comatoso en que está la participación ciudadana democrática en nuestra ciudad, e involucrándose de parte en las batallas políticas que abochornados tenemos que contemplar.
Aclaremos que pienso que tienen toda la legitimidad del mundo para caminar por ese sendero sin horizonte. En efecto, la democracia es representación, ya que, en una sociedad amplia, compleja y plural, no es posible gestionar la cosa pública desde las asambleas (con todo el respeto hacia mis muchos amigos que piensan lo contrario). Aquel “no nos representan” bajo el que salimos a las calles el 15M en 2011, es eso, un lema que nos incluye a los que nos manifestábamos y a otros muchos, pero convengamos que no se extiende al conjunto de la gente, cuya mayoría lo ve de otra manera. Porque lo cierto es que el bloque PP, PSOE y Cs suman apoyos mayoritarios de la ciudadanía gaditana.
Pero digamos de seguido, que la legitimidad de la representación no es un cheque en blanco y que la propia representación tiene no pocos límites. Entre ellos los del propio sistema electoral. Pero sobre todo, la falta de transparencia de los elegidos como representantes, la poca fidelidad a los compromisos adquiridos con la ciudadanía o la inexistencia de mecanismos de control y revocación en caso de incumplimiento o actuaciones dañinas para el común.
Dicho esto, por recurrir a una afirmación no por conocida menos concluyente, “la democracia no es sólo votar cada cuatro años”. La democracia es representación en sociedades complejas como la nuestra, pero también es -debe ser- participación ciudadana.
Por recurrir a la voz experta de mi amigo Fernando de la Riva, “la participación ciudadana es una forma de compartir el poder entre y con los ciudadanos y ciudadanas… Es, por lo tanto, una expresión elevada y profunda de la democracia. No se contrapone a la democracia representativa, sino que la complementa y la completa”.
No comparto por tanto las afirmaciones rubricadas tanto por la Junta como por el Ayuntamiento en el sentido de que “la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad surgida de la crisis de representatividad política tradicional”. Por el contrario, no es una necesidad surgida de ninguna crisis (por más que la crisis de representación la muestre de forma más perentoria), sino que es un derecho humano y fundamento mismo de la democracia, al mismo nivel que los sistemas de representación. “Sin participación no hay democracia” enfatizan con mejor fortuna desde el equipo de gobierno.
Desde esa concepción abarcadora, los mecanismos de participación no se agotan obviamente en un Reglamento, por más que sea imprescindible para articularla. Es decir, debemos dotarnos de un modelo de ciudad participativa que ciertamente debe ser una cuestión de especial complejidad en las grandes ciudades, pero que no debiera serlo tanto en pequeñas ciudades como la nuestra. De alguna forma el reglamento debiera ser la normativización de ese modelo y su puesta en práctica.
El problema está en la voluntad para llegar a ese punto.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, en mi apreciación seguramente parcial, dejó pudrirse durante demasiado tiempo la cuestión de la participación que sin embargo era una de las señas de identidad de las candidaturas que lo componen. No ha sabido o quizás no haya podido sumar voluntades. Los consejos y mesas de participación sectoriales previamente existentes funcionan -cuando lo hacen- por inercia, sin reflexión seria sobre objetivos ni referencias a un proyecto de conjunto. Al margen de ello ha habido algunas iniciativas positivas y de interés en las que la APDHA ha participado. Pero hay cuestiones incomprensibles y no hay interlocuciones imprescindibles. El gobierno municipal no ha sabido articular, en suma, una propuesta clara del modelo de participación en nuestra ciudad. Y ello sin duda ha lastrado el avance que hacía imprescindible el atasco de 20 años de losa popular.
En la oposición política, por su parte, ha primado, en mi opinión tal vez también parcial, el cortoplacismo y la batalla política, sin mirar a largo plazo y sin una apuesta por la participación de esa forma integral y abarcadora que estoy señalando aquí. Su postura de bloqueo e imposición ha llevado la participación ciudadana en Cádiz a un punto de difícil salida.
El Foro de Participación Ciudadana de Cádiz, ha logrado agrupar a un buen número de colectivos sociales de Cádiz -por cierto, impresentables descalificaciones del PP hacia las asociaciones que hemos participado- pero no ha podido ampliar su base e incorporar al conjunto de organizaciones y entidades ciudadanas, entre ellas -pero no solo- a las AAVV. No obstante, ha conseguido poner encima de la mesa una propuesta de Reglamento que considero plural, que tiene en cuenta el conjunto de realidades sociales y por tanto bastante incluyente.
Por su parte el Reglamento de las AAVV aprobado por el pleno fue en su momento un gran toque de atención ante procesos participativos paralizados. Pero lastimosamente -e insistimos en que no cuestionamos su legitimidad para seguir esa vía- se ha convertido en nuestra opinión en un corsé para las propias asociaciones y en un obstáculo para avanzar. La APDHA ya transmitió a la Federación esta valoración negativa.
No es cómoda la participación. Para nadie. No para los partidos y los políticos, que, en general -no todos y todas, no en todos los momentos-, encajan mal la participación crítica y las opiniones divergentes. Pero tampoco ¡ay! para los propios colectivos y organizaciones sociales, pues la participación ciudadana exige un compromiso y una responsabilidad a las que a veces no se puede llegar por falta de capacidad y recursos; o no interesa por falta de voluntad y horizontes limitados.
Así que, pese al evidente callejón sin salida, nunca es tarde si queremos construir participación ciudadana, si queremos hacer de Cádiz una ciudad con una ciudadanía activa y comprometida con el común. Por ello tenemos que hacer colectivamente un esfuerzo, una apuesta decidida. Tenemos que dejar de lado intereses sectarios o cortoplacistas y forzosamente ponernos de acuerdo. Y ese es mi llamamiento final de esta columna.
(Este artículo fue publicado inicialmente en La Voz del Sur, el 9 de agosto de 2017)
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