Retos de los municipalismos I: límites institucionales, organizaciones y movimiento

La Fundación de los Comunes lanza una serie de artículos, en Asaltar los cielos (El Diario.es) para preguntarnos colectivamente por las líneas que definen el momento presente. Pensar desde los movimientos, sin cortapisas, desde dentro de los procesos es la base imprescindible de toda política.

Hace casi un año de las elecciones municipales, dos, si contemplamos el nacimiento de las primeras candidaturas municipalistas, aquellas destinadas a llevar la “revolución democrática” a las instituciones. Las que han conseguido gobernar han tenido que enfrentarse a la guerra mediática y los poderes establecidos que imponen límites a su acción transformadora, pero también a la constatación de cómo esa rápida creación de organizaciones conlleva una cierta fragilidad. Las que no están en el gobierno han tenido que inventarse una nueva forma de hacer oposición.

En la serie de artículos que comenzamos tratamos de dibujar los principales retos del municipalismo. En el primero escriben Rubén Martínez (Barcelona), Marisa Pérez Colina (Madrid) y Félix Ribas (Zaragoza).



Rubén Martínez (@RubenMartinez)

El principal reto del municipalismo representado en las candidaturas municipalistas es sobrepasar los límites institucionales que determinan la producción de cambios. Eso, sin contrapoder, sin dosis de desobediencia institucional y sin una continua y creciente correlación de fuerzas, es del todo imposible. 

El “mandar obedeciendo” zapatista que ha formado parte del compromiso de este mandato parece un buen plan. No hay que dejar de escuchar y ceder poder teniendo en cuenta las proclamas de los movimientos ciudadanos amplios que han conducido este cambio. Las acusaciones de “gobernar para una minoría” o de que “solo se tiene en cuenta el papel de las fuerzas políticas afines” va a ser continua por parte de los grupos opositores en los diferentes consistorios. Pero es obvio que esas demandas (derecho a la vivienda, reapropiación del espacio público, municipalización de servicios básicos) cuentan hoy con amplios consensos sociales. Acompañar con intervenciones institucionales esa fuerza de la calle sin poner en peligro su autonomía, asegura tener más fuerza en las instituciones. De hecho, esas acusaciones de “gobernar para los vuestros” ya está ocurriendo en los plenos ordinarios y extraordinarios de, por ejemplo, Barcelona y Madrid. En Barcelona, la derecha nacionalista lanza acusaciones ridículas sobre la privatización de la participación por parte del Ayuntamiento. Lo que ocurre realmente es que se contratan vía concurso público a los colectivos que justo son los que han producido las formas de colaboración y de alianzas de diferentes segmentos sociales. Son esas prácticas de organización política al margen de la representación las que nos ha traído a este escenario político nuevo. 

No deja de ser significativo que CIU, partido durante su anterior alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona vendió el espacio público y legados populares como el Port Vell a empresas privadas, quiera dar lecciones desde esa moral mafiosa. Este debate político sobre la democracia participativa vs la democracia de los chiringuitos privados hay que tenerlo fuera de los plenos y de los titulares mediáticos. Hay que seguir organizando espacios autónomos y masa crítica desde fuera de la institución –analizando la economía política de la ciudad– a la vez que, desde dentro de la institución, se realizan auditorías públicas, mapa de las élites y de las concesiones corruptas así como espacios de interacción entre institución y movimientos sociales. Hay que dejar claro que la democracia participativa sirve para contrarrestar la acumulación de poder de las oligarquías urbanas. La democracia participativa no sirve para que “todos los actores sociales y privados” se relacionen en igualdad de condiciones. No existe ni es deseable igualdad alguna entre la PAH y las promotoras inmobiliarias. Una ampliación de la democracia a través de mecanismos institucionales tiene que servir para visualizar los disensos, el exceso de poder de quienes marcan el presente y el futuro de la ciudad desde espacios no democráticos y para empoderar a quienes padecen directamente los azotes de la crisis. 

Los límites de la institución para resolver problemas estructurales son profundos. Con suficiente voluntad política –y consenso en el consistorio– un Ayuntamiento permite compensar los efectos de las crecientes desigualdades sociales, pero no hacerlas desaparecer. El bajo techo con el que topan las acciones de gobierno deja claro que no existe nada parecido a unas palancas institucionales que eliminan automáticamente los problemas estructurales. Lo que sí existen son varias capas funcionariales dispuestas a reproducir una y otra vez el rumbo institucional acumulado. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al 'gestionalismo' que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. No hay democracia sin el pueblo-vigilante, sin el pueblo-veto, sin el pueblo-juez. No hay democracia sin contrapoderes. El reto, una vez más, es cómo articular poder institucional y contrapoderes ciudadanos. Manolo Monereo decía hace poco que los Ayuntamientos del cambio no deberían ser mediadores que gestionan el conflicto, sino máquinas que organizan el conflicto. Organizar el conflicto desde los Ayuntamientos requiere, no solo más competencias sino mayor contrapoder. Acompañar procesos que ejercen democracia desde abajo, cediendo poder a colectivos movilizados que a su vez deben generar alianzas con segmentos sociales no movilizados o excluidos. 

Marisa Pérez Colina (@alfanhuisa)

Para el municipalismo todo son retos. No hay camino hecho, todo es desafío. Y para poder afrontarlo sin naufragar en las primeras tormentas, la nave de esta locura posible —cuyos locos y locas pretenden recuperar la política como herramienta de transformación estructural profunda— necesita, de forma muy urgente, echar miedos por la borda, cargarse de formas de hacer democráticas y no perder nunca el rumbo.

Porque el rumbo siempre es el mismo: arrebatar los municipios a la rapiña mercantilizadora, liberarlos de la competencia interterritorial y frenar la desposesión privatizadora de los bienes comunes vía remunicipalización comunitaria. Las ciudades y pueblos no pueden ser negocio de unos pocos, sino espacios de convivencia cuyas poblaciones recuperen los recursos que les pertenecen: bienes básicos como la vivienda, el agua, el aire, espacios públicos empezando por la calle, servicios como la sanidad, la educación, los transportes, la cultura, etc. Así como las propiedades sociales inalienables —no privatizables—, accesibles —alcanzables por todos y todas, independientemente del nivel de renta, género, diversidad funcional, origen étnico, etc.—, democráticas —gestionadas por organismos con fuerte implicación/capacidad de decisión de la sociedad— y sostenibles —se trata de mejorar la vida presente garantizando la futura.

Las rutas de experimentación democrática son, sin embargo, múltiples. Ahora bien, dejar de ser sociedades representadas —autonomía de lo político— para convertirnos en poblaciones implicadas en el diseño de nuestras políticas públicas —autogobierno— no es tanto el cometido de las denominadas candidaturas del cambio como la ingente faena del movimiento municipalista. Y el movimiento se construye, principalmente, por fuera de la institución. El papel de esta, allí donde las fuerzas del cambio tengan poder —poder de hacer, no de imponerse a los habitantes— no es tanto mediar o escuchar, como difuminarse, dar voz y pasar el testigo de la capacidad de decidir. Estimular, allí donde haga falta, procesos de organización y determinación de la gente —barrios, comunidades educativas, asociaciones o iniciativas articuladas en torno a múltiples intereses—, asignando recursos, generando nuevos marcos jurídicos, implementando verdaderos dispositivos —informados, colectivos, plurales— de toma de decisiones .

Y, sobre todo, no tener miedo. Las personas transitoriamente delegadas como correas de transmisión de la sociedad deben, desde sus cargos institucionales, defender, sin complejos, el proyecto emancipador para el que fueron mandatadas, mirando hacia abajo. Su mirada ha de dirigirse siempre hacia la gente que apostó por estas candidaturas como herramienta de recuperación de la ciudad, hacia el tejido social potencialmente organizable que es su base y su único apoyo verdadero, en vez de hacia arriba, hacia los poderes fácticos, ya sean las oligarquías económicas o los partidos políticos corruptos con todo su entramando de grandes manipuladores mediáticos.

Félix Ribas

Cuatro años después de la retirada de las últimas tiendas de la acampada del 15M en la plaza del Pilar, la apuesta municipalista de Zaragoza en Común se abocaba el verano pasado a enfrentarse al mismo reto que su antepasado quincemayero: el despliegue territorial. En el 2011, la apuesta del 15M por las asambleas de barrio fracasaba, salvo notables excepciones, en nuestra ciudad. A día de hoy, el resultado de la puesta en marcha de los grupos motores, las asambleas de barrio y la participación de las personas vocales de ZeC en las juntas municipales descentralizadas resulta todavía una incógnita. Aunque cabría esperar que gracias a la combinación entre personas con experiencia en estas lides, la nueva incorporación de otras y la existencia de respaldo institucional desde el propio ayuntamiento, esta apuesta por la democratización de los barrios llegue a tener cierto recorrido.

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, decía un conocido físico. Y en ZeC lo intentan llevar a la práctica a juzgar por algunas opciones valientes y costosas, incluso carentes de cualquier apoyo entre las demás fuerzas políticas del consistorio, como la reciente y exitosa elección directa de alcaldes y vocales en los barrios rurales de la ciudad.

Otro despliegue territorial que se intuye en el horizonte, y que unas elecciones generales anticipadas seguramente desencadenaría, podría ser la constitución de una candidatura electoral a nivel aragonés impulsada desde el propio Zaragoza en Común y basada en su método de trabajo. Parece que en esto, la senda iniciada por Barcelona En Comú, otra vez, se mira con especial interés desde las orillas del Ebro

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