A fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o marginales.
Estas semanas he participado activamente en varios foros donde se ha discutido sobre la función del arte y la cultura en estos tiempos de crisis y sobre los modelos de gestión que deben aplicarse en su desarrollo.
Estoy seguro de que, a lo largo de estas últimas semanas y días habréis tenido la ocasión de leer en varios medios de comunicación el enésimo debate sobre el sentido de la cultura, su función social y también escuchar las preguntas sobre quién debe asumir las responsabilidad de su existencia y , en consecuencia, debatir sobre el modelo o modelos que se deben aplicar para garantizar su correcto funcionamiento.
Parece que todos, con más o menos matices, estamos de acuerdo en que la cultura es un bien que debemos preservar porque es un elemento que forma parte sustancial de nuestras vidas ya que es en gran medida lo que nos constituye como seres humanos en comunidad. Sin embargo, ahora más que nunca, la eterna pregunta sobre el sentido de la cultura, planteada a la luz y a las sombras de los efectos de la crisis, adquiere de nuevo relevancia, ya que, en estos momentos de recesión económica, casi todo el mundo da por hecho que el gasto público en cultura es prescindible porque no es tan esencial para la vida como otras necesidades. Muchas voces críticas, medios de comunicación se preguntan, por tanto, si la cultura pública, ¿ha de ser sostenible por sí misma, o puede (y hasta debe) generar déficit mientras cumpla su función social? En esencia, algún periodista también se preguntaba si la cultura es ¿producto de rentabilidad o artículo de primera necesidad?. Yo iría más lejos, y plantearía esa misma cuestión desde otros parámetros: ¿bien de uso o de cambio?
Algunos actores políticos promulgan sin tapujos sus tesis: “La crisis es una oportunidad, hay que terminar con un modelo clientelar que entiende la cultura como los servicios sociales, impuesto de arriba abajo, con tintes de elitismo y quemando dinero público a espuertas. Hay que abrirse a lo privado“.
En cierto modo esas teorías no proponen nada nuevo; son las viejas tesis que se plantean, por ejemplo, en El Estado cultural de Marc Fumaroli, un pensador de perfil liberal, que crítica las versiones más intervencionistas del modelo político cultural francés, propone una cultura de la excelencia y que también acaba de publicar estos días su último libro traducido al castellano La República de las letras. En aquel libro, analizaba, pormenorizadamente, los programas culturales de los ex ministros André Malraux y Jacques Lang con el objeto de cuestionar un paradigma que ha servido de referente para muchos estados europeos, entre otros el español. Como conclusión, proponía la disolución del Ministerio de Cultura y la anulación de cualquier participación del Estado en el desarrollo de la cultura.
Cuando, cada vez más, escucho esas opiniones, no tengo más remedio que reafirmarme, sin pedir perdón, en cierta tradición profesional que siempre ha creído que en las sociedades democráticas, el Estado y la administración pública que las gestiona, igual que hace con los derechos sociales en educación, sanidad y otras prestaciones, también tiene el compromiso de procurar atención y comprensión a la cultura, entendida como elemento integrador y cohesionador, y al arte, como motor de la singularidad radical transformadora. Esta tradición, en mi caso, se inscribe en una noción ilustrada emancipadora que posibilite el incremento de las competencias políticas, sociales y culturales de todas las ciudadanas y ciudadanos. Porque, en definitiva, la vitalidad democrática de una sociedad depende de nuestra cultura política, de nuestra capacidad de discernimiento, imaginación, opinión, crítica y decisión. Y estas, se reafirman más cuando tenemos acceso a la educación y al conocimiento que viene de la mano de la cultura y se transforman cuando las formas artísticas más comprometidas con su tiempo activan su renovadora potencia estética y política.
No hay nada bajo el sol. Añado estas notas del blog de mi amigo Julián Ruesga que aportan información y que mejoran mis apreciaciones. En Agosto de1982 se celebró en México D.F. la “Conferencia mundial sobre las políticas culturales”. En esta conferencia se elaboró el texto al que se refiere el encabezado de esta nota: DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. Han pasado 31 años desde la redacción de esta declaración. El mundo ha cambiado en muchísimos aspectos. En su superficie no es el mismo, en su núcleo seguimos igual.
A la introducción que reproduzco más abajo le siguen la propuesta de 54 principios que deben seguir las políticas culturales gubernamentales para el desarrollo social y cultural de las diferentes sociedades de los países integrados en la UNESCO. Me pregunto si pedir esto, que recomendaba la UNESCO hace 31 años, a nuestros gobernantes-administradores-gestores locales, provinciales, autonómicos y nacionales es pedir demasiado. Insisto, es una declaración de la UNESCO hecha hace 31 años. No es el manifiesto de ningún grupo radical. Es un escrito elaborado desde el sentido común, las prácticas culturales y el conocimiento acumulado a lo largo del siglo XX por las Ciencias Sociales –que fue elaborado, publicado y difundido a instancias de una institución internacional nada sospechosa de radicalidad política, todo lo contrario.
Reproduzco a continuación algunos párrafos. Quién quiera leer el texto completo puede hacerlo aquí.
DECLARACIÓN:
El mundo ha sufrido hondas transformaciones en los últimos años. Los avances de la ciencia y de la técnica han modificado el lugar del hombre en el mundo y la naturaleza de sus relaciones sociales. La educación y la cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado considerablemente, son esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad.
En nuestros días, no obstante que se han acrecentado las posibilidades de diálogo, la comunidad de naciones confronta también serias dificultades económicas, la desigualdad entre las naciones es creciente, múltiples conflictos y graves tensiones amenazan la paz y la seguridad.
Por tal razón, hoy es más urgente que nunca estrechar la colaboración entre las naciones, garantizar el respeto al derecho de los demás y asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales del hombre y de los pueblos y de su derecho a la autodeterminación. Más que nunca es urgente erigir en la mente de cada individuo esos “baluartes de la paz” que, como afirma la Constitución de la UNESCO, pueden construirse principalmente a través de la educación, la ciencia y la cultura.
Al reunirse en México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, la comunidad internacional ha decidido contribuir efectivamente al acercamiento entre los pueblos y a la mejor comprensión entre los hombres.
Así, al expresar su esperanza en la convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de la humanidad, la Conferencia conviene en:
• que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,
• y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
CULTURA Y DEMOCRACIA
17. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.
18. La cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No puede ser privilegio de elites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma.
19. Se trata, sobre todo, de abrir nuevos cauces a la democracia por la vía de la igualdad de oportunidades en los campos de la educación y de la cultura.
20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de diálogo entre la población y los organismos culturales.
21. Un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, a la descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes. Una política cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las comunidades y entre toda la población.
22. A fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o marginales.
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